Presento con mucho gusto los resultados de la Evaluación de Transparencia que el Equipo de Estado Abierto a través de la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación realizó para la Segunda Evaluación Vinculante de este 2021. 

Contexto 

  • Es un ejercicio de revisión a la información correspondiente al 2020 que publican los sujetos obligados en sus portales institucionales y en la Plataforma Nacional de Transparencia con el objetivo de verificar que la información esté completa y actualizada como lo establecen los Lineamientos Técnicos de Evaluación.
  • En esta evaluación, nuevamente se hizo un estudio focalizado en tres temas que son de interés público: las contrataciones, las declaraciones patrimoniales, fiscal y de intereses, así como lo relativo a los programas sociales, de ayudas, subsidios o cualquier estímulo y apoyo con recursos públicos, que se brindan a las personas. 
  • Seleccionamos estos temas porque estamos convencidas de que su puntualización contribuye a la rendición de cuentas de la Ciudad de México. Recordemos que el INFOCDMX contempla, tanto en su nombre como en sus facultades el impulso a la rendición de cuentas. Por tal razón, desde nuestra esfera de competencias, elegimos los tres estudios focalizados en la OT anteriormente señalados, con el objetivo de mapear la rendición de cuentas de la capital y lo presentamos en el marco del día internacional de contra la corrupción que se celebra mañana. 
  • Por tercer año consecutivo esta evaluación es de carácter censal, no muestral, en la que se verificó a 140 de 147 sujetos obligados del Padrón vigente al 31 de diciembre de 2020. Los  siete sujetos obligados que no fueron parte de esta verificación fue debido a que se desincorporaron del Padrón durante el presente año, previamente al inicio de la segunda evaluación vinculante dos mil veintiuno.

 

Resultados generales

El Acuerdo que se pone a consideración de este colegiado contiene los dictámenes que emitió la Dirección con los requerimientos, recomendaciones y observaciones derivados de este ejercicio para cada uno de los 140 sujetos obligados, así como también un informe extenso y detallado con las consideraciones metodológicas y los resultados generales, por sujeto obligado y por ámbito, así como los hallazgos de tres estudios focalizados. Resalto, a continuación, algunos de ellos:

  • El conjunto de 140 sujetos obligados evaluados obtuvo un Índice de Cumplimiento Global a las Obligaciones de Transparencia (IGOT) promedio de 75 puntos. El anterior índice se puede deber a las condiciones derivadas de la contingencia sanitaria por COVID19 que a todas nos afectan desde el año pasado; somos muy sensibles a que esto significó dificultades para la generación y carga de la información en los sujetos obligados; por ello expreso mi reconocimiento al esfuerzo de todas las personas involucradas en estas tareas tan importantes para garantizar el derecho a saber en esta Ciudad Capital del país.
  • La otra razón que destaco es que, por primera vez, se utilizaron los Lineamientos Técnicos de Evaluación que aprobamos en este Pleno en noviembre de 2019, cuyos cambios más relevantes son la inclusión del artículo 144 relativo a buscadores y la existencia de información en bases de datos abiertos y el artículo 172 con el índice de la información clasificada como reservada para todos los sujetos obligados. En suma, a partir del año 2020 hubo más obligaciones de transparencia por publicar y por verificar en su cumplimiento por parte de este órgano garante.
  • Aún con esas dificultades, 25 sujetos obligados tuvieron un cumplimiento total (100 puntos); 69 sujetos obligados tuvieron un cumplimiento parcial medio (entre 80 y 99 puntos); 16 sujetos obligados tuvieron un cumplimiento parcial bajo (entre 60 y 79 puntos); 17 sujetos obligados tuvieron un incumplimiento parcial (entre 59 y 1 punto) y 13 sujetos obligados tuvieron un Incumplimiento total (con 0 puntos).
  • Resalto aquí que, casi la mitad de los sujetos obligados, 49% para ser exactos, se ubican en el nivel de cumplimiento parcial medio, es decir, la brecha que los separa de cumplir en su totalidad las obligaciones de transparencia que marca la ley, es menor a 20 puntos, por lo que estamos ciertas de que atenderán las observaciones y recomendaciones para el beneficio y aprovechamiento de todas las personas.

 

Resultados por ámbito

  • En cuanto al cumplimiento promedio por ámbito en orden descendente está con 99.7 el Poder Judicial; con 95 la administración pública central; el Poder Legislativo obtuvo 94.9; para los órganos autónomos el promedio es de 91.6; en alcaldías, 84.2; de 81.8 para los partidos políticos; en los organismos desconcentrados, descentralizados, paraestatales, fondos y fideicomisos el promedio fue de 79.5 y finalmente los sindicatos, con 21.8 puntos.

Contrataciones

  • Además de las verificaciones de oficio, como lo es esta Evaluación, la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación también realiza verificaciones a petición de parte es decir, emite dictámenes de técnicos para determinar la procedencia o improcedencia de las denuncias cuando las personas detectan vacíos de información. Desde 2019 y hasta este momento la Dirección ha emitido 426 dictámenes técnicos, ya sea derivados de denuncias o bien dictámenes de cumplimiento a la resolución de este Pleno. De ese conjunto de dictámenes, casi uno de cada cuatro dictámenes involucra alguna de las obligaciones de transparencia sobre los procesos de adjudicación o contrataciones (14%), lo referente a las declaraciones patrimonial, fiscal y de interés (6%) y lo relativo a los programas sociales (3%), por ello, decidimos realizar este estudio focalizado en materia de contrataciones. 
  • Para tal efecto, se analizaron los siguientes artículos y fracciones de la Ley local de Transparencia que les aplican a 132 de los 140 sujetos de esta evaluación: 
    • Del Artículo 121, en la que se establecen las obligaciones comunes, se analizó la fracción XXX que habla de “Procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza” y de la “Versión Pública del documento respectivo y de los contratos celebrados”.
    • Del Artículo 129, que se refiere específicamente a los Partidos Políticos se retomó la fracción IV, sobre “Contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicio
    • Del Artículo 138, que se señala las obligaciones de transparencia específicas para los Sindicatos se retomó la fracción IV. “Relación de recursos públicos que ejerzan y el informe sobre su ejercicio y destino final”. 
  • Los hallazgos en el estudio focalizado sobre las contrataciones encontramos que el promedio de cumplimiento es de 79.5 puntos.
  • Los sujetos obligados de la administración pública central y del Poder Judicial dan cumplimiento total a lo que señala la normativa y publican la información sobre sus contrataciones. 
  • Cuatro de los ocho ámbitos se ubican en el nivel de cumplimiento parcial medio entre 85.4 y 99.9
  • Destaca en el otro extremo que tienen áreas de oportunidad que se requieren remontar en esta materia los partidos políticos y el grupo de los sindicatos.

 

Declaraciones

  • En el caso de las declaraciones patrimoniales, fiscal y de intereses, se analizó lo correspondiente a publicación de la fracción XII del artículo 121, que pide publicar la versión pública en los sistemas habilitados para ello, de las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal de las personas servidoras públicas y colaboradores de los sujetos obligados, que tengan obligación de presentarlas. Se aplica a 116 de los 140 sujetos obligados evaluados. 
  • En esta fracción, el cumplimiento promedio es de 87.9 puntos y resaltan los sujetos obligados de los poderes Judicial y Legislativo que tuvieron un cumplimiento total en sus declaraciones. Por otro lado, las alcaldías son el ámbito que presenta el menor cumplimiento en este rubro (76.2 puntos), por lo que estos sujetos obligados requieren impulsar acciones para atender esta falta de transparencia relacionada con las responsabilidades de las personas servidoras públicas que allí laboran. 

 

Programas sociales

En el caso del análisis al cumplimiento en la información publicada sobre programas sociales, de ayudas, subsidios, estímulos y apoyos, se revisó el promedio de las tres fracciones del artículo 122. 

  • Este artículo les es aplicable a 39 de los 140 sujetos obligados evaluados. El promedio de cumplimiento en lo relativo a los programas sociales es de 72 puntos. 
  • En los resultados de cumplimiento promedio se aprecia que las 16 alcaldías constituyen el ámbito con más rezagos en el cumplimiento mínimo que marca la Ley en los programas sociales con un promedio de 59.9, lo cual es significativo, dado que las Alcaldías concentran un porcentaje importante de los programas y acciones sociales que se desarrollan en esta entidad. 
  • Los ocho sujetos obligados de la administración central que tienen programas sociales cumplen con publicar casi la totalidad de estas obligaciones de Ley, ya que obtuvieron 99.8 puntos.
  • Reitero que la transparencia de la información sobre los programas y acciones sociales, es de vital importancia que también se difunda de manera proactiva, toda vez que el hacer llegar la información a la población por los distintos medios hace que más personas puedan tener acceso a ella y por ende, tener la posibilidad de solicitar el apoyo que se otorga. Adicionalmente, crea confianza entre las personas, facilita que llegue a las poblaciones objetivo y evita que los recursos públicos sean utilizados para prácticas clientelares. 

8 buenas prácticas

En estos ejercicios de verificación continuamos con la detección de buenas prácticas y áreas de oportunidad. Las acciones que se traducen en facilitar el derecho de acceso a la información están:

  1. Que la información de las obligaciones de transparencia (OT) es de fácil acceso y navegación para su consulta
  2. Que se publica la información en formatos abiertos y accesibles que permiten la descarga de datos en formatos abiertos, en contraste con los archivos pfd que ni siquiera admiten búsqueda de palabras.
  3. La sección de Transparencia del sujeto es “intuitiva” de manera que la información se encuentra de forma sencilla, clara y entendible para cualquier persona.
  4. Presentan información traducida en lenguas indígenas.
  5. Se describe en forma sencilla y clara el tema que refiere a los artículos y fracciones, por lo que no se requiere conocer de memoria la ley para poder consultar la información.
  6. Presentan la información concentrada, es decir, hacen la consolidación de los datos en un solo formato y no por unidad administrativa
  7. Publican en su sitio de Internet un apartado correspondiente a información histórica de las OT, preservando la memoria y archivo de la institución en los temas relevantes.
  8. Observamos que realizaron algunos ajustes razonables para acercar a la información pública a las personas con discapacidad que usan los portales de Internet.

¿Qué sigue?

  • Se notificará a cada sujeto obligado su dictamen de evaluación con las recomendaciones vinculantes y observaciones. 
  • Estas deben de ser solventadas en un plazo no mayor a quince días hábiles, a partir de la notificación. 
  • La DEAEE comenzará una nueva verificación de los portales institucionales y de la PNT, con el objetivo de comprobar si se atendieron las recomendaciones observadas como áreas de oportunidad.
  • Se continuará con la estrategia de disminuir las brechas de incumplimiento en las obligaciones de transparencia basada en las asesorías técnicas especializadas. 

Se continuarán realizando análisis focalizados de las obligaciones de transparencia: contrataciones, declaraciones y programas sociales, entre otros con miras a transitar hacia la plena apertura institucional.

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