Al respecto conversamos con Karolina Gilas, Catalina Ruiz Navarro, Claudia Corichi, Mariana Niembro en el foro “Apertura y violencia política en razón de género”, en el que nos cuestionamos si realmente se rompieron los techos de cristal

La reciente renuncia de integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México debe encender alertas. En el fondo, se trata del resultado de un abandono sistemático del combate a la corrupción.

“Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre”. Lo que refiere el físico británico William Thomson, también aplica para la transparencia.

Acceder a la información empodera comunidades, genera confianza; los programas sociales bien dirigidos pueden contribuir a fortalecer grupos vulnerables y facilitar la seguridad alimentaria con igualdad.

Tras casi tres años de poner a consideración distintas propuestas para sustituir el concepto de gobierno abierto por el de Estado Abierto y apertura institucional en distintos lineamientos, las comisiones unidas Jurídica y de Gobierno Abierto del Sistema Nacional de Transparencia, la aprobaron por unanimidad. Una agenda impulsada desde 2019.

En días pasados atendimos en el InfoCDMX un recurso de revisión relacionado, precisamente, con un programa de la Alcaldía Miguel Hidalgo que buscó mitigar los efectos económicos generados por la contingencia sanitaria: el Programa MERCOMUNA que consistió en la transferencia monetaria mediante vales llamados “hidalgos”.

Es necesario cambiar el enfoque para proteger la democracia.

En un mundo de desigualdades, apremia abrir la puerta a una comunicación clara que genere empatía y confianza en quienes operan los entes públicos. El lenguaje sencillo facilita el derecho de acceso a la información a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, como la niñez.

En México, hay 15,142,976 de personas de 60 años o más, lo que corresponde al 12% del total de la población mexicana.

El difícil acceso a la verdad por parte de las familias de las víctimas crea un ambiente de desconfianza en las instituciones, el cual favorece la impunidad, impide el acceso a la justicia y genera un clima para violentar otros derechos humanos. Una alternativa para reconstruir la confianza de los entes públicos y la sociedad, respecto a esta problemática, es a través de la apertura institucional.