Sobre la nueva Presidencia del INAI y el anuncio de un proyecto de ley para desaparecer organismos autónomos
Quiero referirme a dos hechos recientes relacionados con el INAI, el organismo garante nacional de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.
En primer lugar, quiero felicitar a la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, por la exitosa conclusión de su periodo como presidenta del INAI y, con ello, del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. El domingo 10 de diciembre, el INAI eligió su nueva Presidencia para el periodo 2023-2026. Lo hizo con solo cuatro de los siete integrantes que deberían formar su Pleno, ya que el Senado de la República se mantiene renuente a designar las posiciones faltantes.
Felicito, por ello, la renovación de la Presidencia del INAI, y deseo mucho éxito a la nueva administración en el desarrollo de sus proyectos. Como Instituto, y de manera individual, mantendremos nuestra colaboración con el INAI en aras de fortalecer el Sistema Nacional de Transparencia. La nueva Presidencia del INAI tiene ante sí el reto de ser un ejemplo de integridad y pulcritud en el manejo de los recursos que la sociedad le confía para el cumplimiento de su misión institucional. Estoy segura de que así será.
El INAI está hoy bajo escrutinio de la opinión pública. Es apropiado que así sea, y ojalá el mismo nivel de escrutinio se ejerza sobre todas las autoridades del país, porque en eso consiste nuestra defensa de la transparencia como un compromiso irrenunciable. Confío en que, pronto, la discusión sobre el INAI se centrará, nuevamente, en la importancia de sus funciones, en su innegable aporte a la sociedad mexicana, y en los proyectos que impulsa, en colaboración con los demás organismos garantes del país.
Eso me lleva al segundo tema: el lunes 11 de este mes, el titular del poder ejecutivo federal anunció su intención de presentar una iniciativa de reforma administrativa, con la finalidad de desaparecer organismos autónomos. Al respecto, quiero resaltar, de nueva cuenta, cuál es la función de los organismos garantes de transparencia en nuestra democracia.
El conjunto de los organismos autónomos se creó para establecer frenos y contrapesos a la concentración del poder público, ante la evidencia de que esa concentración favorece la corrupción y no atiende los mejores intereses de la sociedad. Por supuesto, a los ojos de quienes aspiran a concentrar el poder, para que nadie cuestione sus decisiones; para quienes entienden el poder público como un instrumento vertical y no como el resultado de la colaboración entre autoridades; y para quienes ven en la rendición de cuentas una amenaza y no una oportunidad de servir mejor a la sociedad; para esas personas, los organismos autónomos resultarán siempre un estorbo que conviene eliminar.
Quienes diseñaron el sistema de pesos y contrapesos que hoy caracteriza al sistema político mexicano establecieron, en nuestra Constitución, un sistema de equilibrios que aspira a prevenir la tentación autoritaria. Una vacuna para evitar que una sociedad caiga en esa tentación es proteger y nutrir el espacio cívico: el espacio en el que la gente ejerce sus libertades de expresión, de reunión, de asociación; la arena en que la sociedad civil, los medios de comunicación y los actores privados deliberan sobre los aciertos y errores en las decisiones del poder público.
Para que el espacio cívico funcione, es indispensable el acceso a la información pública, la información que nuestras autoridades generan o conservan, pero que es de todas, pues se gestiona con nuestros recursos. Dejar en manos de las autoridades la decisión de qué información entregan y cuál reservan, cuando están sometidas a escrutinio, no es un diseño que sirva al interés público. Los organismos garantes intervenimos para que la información pública se entregue.
Por otra parte, el uso de los datos personales para propósitos legítimos está previsto en las normas que regulan su protección. Sin un organismo que vigile su cumplimiento, las autoridades suelen dedicar menos atención al cuidado de estos datos y a establecer procedimientos para su protección, que con nuestro acompañamiento.
Los organismos autónomos garantes tenemos asignada la tarea de difundir para qué sirven los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales y de promover su ejercicio, de manera que no solo sea una minoría la que los aproveche para mejorar su vida.
El anuncio presidencial de su proyecto de reforma administrativa inaugura una nueva etapa en la deliberación sobre el tipo de poder público que nuestro país aspira a tener. Los organismos garantes participaremos con gusto en este debate, para evidenciar la razón de nuestra existencia y señalar las premisas incorrectas y argumentos erróneos con los que se busca socavar nuestro trabajo.
Gracias.
