Presupuesto para evaluar la transparencia, ¿suficiente?

“Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre”. Lo que refiere el físico británico William Thomson, también aplica para la transparencia.

Las leyes mexicanas establecen la información que instituciones, actores públicos así como personas físicas y morales que reciben presupuesto público -denominados sujetos obligados-, deben publicar sin que medie solicitud de las personas. Los garantes del derecho a saber, vigilamos que se cumpla con dicho piso mínimo.

La medición es útil para saber qué tanto cumplen, para desplegar políticas que mejoren el acceso a la información. Desde diciembre de 2018 y derivado de la coordinación que encabezo sobre evaluación en la capital del país, se diseñó que su realización fuera censal.

Gracias al trabajo colaborativo con sujetos obligados, hay más información que se ha evaluado por transparencia: el cumplimiento de la anual 2019 fue de 66.4; en 2021 subió a 77.78 puntos Estamos ciertas que la evaluación es sólo la revisión de la primera capa de información.

Aun así, ubicamos estas mejoras como resultado del acompañamiento integral: este año sumamos 13 asesorías especializadas por ámbito público, es decir, específicas para partidos, legislativo, alcaldías, etc., y más de 670 asesorías individuales para 121 sujetos obligados, en las que participaron 727 personas.

La evaluación realizada desde el InfoCDMX muestra particularidades. Ésta es censal, frente a verificaciones muestrales sobre sujetos obligados y/o sus obligaciones que otros garantes realizan. Adicionalmente, los resultados de transparencia de la Ciudad incorporan reporte ejecutivo, informe detallado, se acompañan de dictámenes en datos abiertos, recomendaciones y análisis focalizados sobre licitaciones y contratos, declaraciones patrimoniales, fiscal y de interés, programas sociales y detección de estadísticas desglosadas por género.

En contraste a estos resultados, han otorgado menos presupuesto al garante. Pese a que la ley local establece una base de 0.15% del presupuesto para operar, en 2023 el InfoCdMx tendrá 147.8 millones (menos del 0.08%). En términos reales equivale a 114.98 mdp en dinero de 2019, es decir, 28 millones menos para garantizar el derecho de acceso a la información.

Aún más: en 2022 cuatro de cada diez recursos de inconformidad que resolvimos, versaron sobre información que es obligación de ley entregar. Las personas no tendrían qué litigar por ello. Cerramos el año con un incremento de cerca del 70% respecto a lo resuelto en 2019. En cuatro años subió el trabajo para garantizar el derecho a saber vs la disminución real de casi 20% del presupuesto.

La reducción extrema del presupuesto pone en riesgo el funcionamiento de órganos autónomos y, en los hechos, obstaculiza derechos humanos. Es el caso del no funcionamiento del sistema anticorrupción de la Ciudad de México, que ha contado con renuncias, vacíos de designaciones, falta de operación presupuestal.

Estrangulamientos de facto que deterioran el Estado democrático de derecho.