• Quisiera hablar sobre las consecuencias y el costo público de los desechamientos de recursos de acceso a la información pública por suspensión de plazos.
  • Como contexto, quisiera decir que desde marzo del 2020 hasta junio del 2021 este Pleno ha emitido 3 acuerdos de gradualidad para la atención de solicitudes de información y del ejercicio de derechos ARCO.
  • El último de ellos aprobado por mayoría de este Pleno fue el 9 de junio, con el cual al día de hoy, en la etapa 5 de 12, el 83% de los sujetos obligados del padrón se encuentran activos.
  • Sin embargo, la Jefatura de Gobierno emitió un acuerdo el 25 de junio, con el que se reanudó el conteo de plazos para la atención de solicitudes de acceso de información y el ejercicio de derechos ARCO, que aplica para 23 sujetos obligados que corresponden a Alcaldías y a la Administración Centralizada.
  • En ese sentido, aunque el Órgano Garante determine los plazos, la transparencia en la CDMX sigue en cuarentena, y por lo tanto, el derecho a saber sigue interrumpido.
  • Dado el contexto expuesto, las personas que presenten su inconformidad ante este Instituto obtendrán como resultado un desechamiento, como es el caso del expedientes: INFOCDMX/RR.IP.1000/2021 y INFOCDMX/RR.IP.1001/2021 de la Procuraduría Social de la Ciudad de México (registros de administradores y nombramientos de 2010 al 2021).
  • Adicionalmente, este Colegiado ha desechado o dado por improcedente por la suspensión 140 recursos de revisión en materia de acceso a la información, desde marzo de 2020 a la fecha, en donde la queja de las personas ha sido la falta de respuesta de los sujetos obligados a sus solicitudes.
  • Es así que el derecho a saber está imposibilitado en temas importantes para las personas, tales como: Programas y acciones sociales; condiciones de inmuebles, medio ambiente; ejercicio del recurso público. 
  • El costo público de la falta de información se relaciona directamente con el seguimiento en el uso de los recursos públicos, como es el caso de los programas y acciones sociales, que además es información que debe ser pública por oficio. Abonar a la rendición de cuentas requiere de maximizar la disponibilidad de información.
  • Pues hemos identificado que durante este 2021, al menos 6 de 19 asuntos de acceso a la información sobre programas y acciones sociales fueron desechados por el Pleno dado el contexto de suspensión.
  • De ahí que el año pasado, desde Estado abierto adoptamos los compromisos 7 y 9 del Decálogo de apertura y anticorrupción en COVID19.
  • Hemos monitoreado de manera periódica los programas y acciones sociales en COVID19 donde identificamos: 16 mil 229 mdp que benefician a 1 millón 404 mil personas beneficiarias
  • Rescato estos ejemplos como parte de la información que por el momento retrasada o niega en la práctica a las personas y por lo que considero debe reanudarse a la brevedad la atención a las solicitudes de parte de los sujetos obligados; en la medida de que en sus posibilidades atiendan los requerimientos de personas solicitantes, se avance en la garantía del derecho a saber durante esta pandemia.
  • Por último, a propósito de este tema, me gustaría hacer mención que el pasado 16 de junio en el Congreso de la Ciudad de México se aprobó un punto de acuerdo en el que se exhortó a este Instituto a generar esquemas y mecanismos para no retrasar más la respuesta a las solicitudes de manera que se cumpla con los principios de certeza, legalidad, eficacia y profesionalismo y respetar el derecho a la buena administración pública, por lo que como integrante de este Pleno pondré de mi colaboración para que, como colegiado, podamos atender de manera puntual el exhorto que se nos hace.
  • Hago un llamado a los sujetos obligados para que en la medida de sus posibilidades, cuenten con información electrónica, carguen en sus portales públicos y en la Plataforma Nacional de Transparencia la información de transparencia que por ley deben actualizar; que realicen transparencia proactiva para que las personas accedan a información actualizada, completa que necesitan. Para todo ello, acompañamos con asesorías técnicas especializadas.
  • Desde la coordinación que llevo de apertura, transparencia proactiva y obligaciones de transparencia en este garante de la capital del país, hemos realizado, desde 2020 hasta julio 2021, 55 reportes durante la pandemia, en los cuales revisamos los portales institucionales para detectar información en torno a COVID19, así como los programas y acciones en torno a COVID19 existentes y qué tanta transparencia encontramos en torno a su uso, personas beneficiarias y focalización. La adopción en acciones buscan abonar a la #AperturaEnCOVID19, anticorrupción, acceso a la información y transparencia proactiva. Es cuanto.

Descarga desechamientos