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La Ciudad de México cumple con el 27.5% en opacidad judicial de acuerdo con el reporte de #InJusticiaAbierta que realizó Equis Justicia. Esta cifra revela el grado de apremio que habríamos de imprimir en la apertura del trabajo cotidiano de las instituciones judiciales.

En la Ciudad de México la apertura de las instituciones públicas no sólo es un horizonte al que se debe aspirar o socialmente deseable, sino un principio rector del más alto nivel establecido en el artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad. En ese sentido, la Ciudad de México cuenta con el fundamento jurídico para que la apertura del Estado sea obligatoria y, por lo tanto, exigible.

La Constitución establece que la apertura debe contribuir a la solución de los problemas públicos y debe ser un lenguaje común y una práctica cotidiana para el Ejecutivo, para el Legislativo y para el Judicial, para organismos autónomos y para cualquier autoridad en la Ciudad de México.

Espacios Abiertos

La construcción de la apertura de las instituciones implica aprovechar la inteligencia pública generada por especialistas, organizaciones, servidores públicos, medios de comunicación, investigadores, academia y personas que busquen o exijan solucionar problemas públicos y necesidades concretas.

Es por ello que desde el InfoCdMx implementamos #EspaciosAbiertos como una iniciativa que busca promover la agenda de apertura en la Ciudad de México con un enfoque de derechos, perspectiva de género y una orientación a la resolución de problemas públicos. Para ese fin se realizan mesas de trabajo temáticas en las que se identificarán elementos de buenas prácticas, propuestas, así como retos y oportunidades, con el apoyo de actores de la sociedad civil organizada, academia, analistas y actores comunitarios, para comunicarlas a los actores públicos de la Ciudad de México.

La primera de estas mesas se llevó a cabo el 22 de abril de 2019, se enfocó en la identificación de prioridades en materia de Justicia Abierta. Este concepto alude a un modelo de gestión de la administración e impartición de justicia que informa con rasgos específicos (ética, memoria, oportunidad, exhaustividad y datos abiertos), sobre la totalidad de procesos y actividades (incluyendo sentencias), para alcanzar instituciones judiciales más transparentes, incluyentes, ciudadanas y justas.

Los compromisos de apertura en materia de justicia pueden incluir: hacer que las instituciones de justicia sean más transparentes, accesibles y libres de corrupción, asegurar que todas las personas y comunidades puedan entender, usar y, en última instancia, dar forma a la ley, y hacer cumplir las leyes y normas del Estado Abierto, incluida la lucha contra la corrupción.

Construcción conjunta

Con la participación de Ana Pecova, Directora Ejecutiva de EQUIS Justicia para las Mujeres, y de Laurence Pantin, Coordinadora de Transparencia en la Justicia y Proyectos Especiales de México Evalúa, y la moderación de Melissa Ortiz Massó, consultora de sociedad civil con trabajo en Derechos Humanos y justicia, se realizó una mesa redonda, transmitida por FaceBook Live, para analizar los aspectos que caracterizan el concepto de Justicia Abierta, así como los retos y oportunidades que enfrenta ese proyecto en el marco de la apertura del Estado.

Posteriormente, se llevó a cabo una reunión de trabajo con las mismas participantes, en la que se delinearon los elementos para integrar una agenda mínima de trabajo en materia de Justicia Abierta para la Ciudad de México.

En el marco de ambos eventos, se detectaron buenas prácticas en materia de apertura del funcionamiento del sistema judicial.

• Se destacó favorablemente que las sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México sean públicas.
• Se refirió el ejemplo de un tribunal en Buenos Aires, Argentina, en el que uno de sus jueces estableció mesas de análisis con especialistas del sector académico, para comentar y discutir proyectos de sentencias, a fin de fortalecerlos y generar fallos más comprensibles.
• El Poder Judicial de la Ciudad de México genera información estadística.

Por otra parte, se propuso avanzar con las instituciones del Poder Judicial de la Ciudad de México las siguientes propuestas:

• Avanzar en la puesta a disposición al público de las sentencias generadas. Garantizar que las plataformas de búsqueda de las sentencias permitan su identificación por llaves que faciliten su aprovechamiento (materia, periodos, palabras clave, etc.). Ofrecer criterios de búsqueda útiles para los usuarios en general, no solo para quienes disponen de los datos de asuntos o casos específicos.
• Impulsar procesos de formación para sectores clave de la ciudadanía, a fin de generar una masa crítica de usuarios y solicitantes de información del Poder Judicial con las competencias necesarias para su efectivo aprovechamiento.
• Identificar los elementos relevantes de los procesos de designación de los integrantes del Poder Judicial, para transparentarlos. Publicar estos datos de manera proactiva. Ofrecer evidencia de competencias y perfiles, así como transparentar instrumentos de la designación.
• Generar indicadores que ilustren de manera efectiva los procesos internos del Poder Judicial, para que se facilite a los usuarios de esta información distinguir los aspectos en los que la responsabilidad sobre un fallo proviene de una instancia ajena al Poder Judicial (procuración de justicia, por ejemplo) y los aspectos en los que están dentro de su competencia.
• Verificar los formatos empleados para presentar la información de las obligaciones de transparencia. Atender no solo el aspecto formal, sino el aspecto sustantivo por el cual se incluyen en el catálogo de las obligaciones. Es conveniente consultar las mejores prácticas y el tipo de desglose adecuado, en función de solicitudes de información o requerimientos. Ejemplos: información presupuestal, sueldos y prestaciones, auditorías internas y externas.
• Fortalecer la capacitación para generar sentencias en lenguaje ciudadano, sencillo e incluyente, así como con formatos que permitan identificar con facilidad los aspectos en litigio, los criterios valorados, los derechos ponderados y el sentido del fallo.
• Fortalecer la capacitación de los operadores judiciales en materia de protección de datos personales, a fin de que puedan instalarse competencias que permitan generar versiones públicas de las sentencias legibles y que no lesionen el derecho a la privacidad.
• Impulsar la creación e institucionalización de espacios de encuentro e interacción entre operadores judiciales y analistas académicos, analistas externos y de sociedad civil, que permitan: dar visibilidad a criterios que expliquen y contextualicen las sentencias relevantes formuladas. Aprovechar buenas prácticas detectadas y “cajas de herramientas” preparadas previamente por organizaciones formadoras de capacidades en la materia.
• Promover la adopción y apego al enfoque de derechos humanos en las sentencias que se formulen; obtener criterios para la redacción de sentencias que facilite su comprensión pública; definir y ajustar, en colaboración, criterios y formatos para la publicación de información asociada a obligaciones de transparencia y definir elementos para la atender obligaciones en materia de transparencia proactiva
• Poner a disposición las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses de jueces, magistrados y ministros, así como colaboradores con funciones sustantivas, en versiones públicas que permitan identificar los datos relevantes.

Al analizar los retos y oportunidades que, en materia de apertura, existen en el funcionamiento actual del sistema de justicia local, hubo consenso en los siguientes temas:

• El efectivo acceso a la justicia todavía no ha logrado consolidarse como una realidad cotidiana para la ciudadanía.
• Al desconocimiento de las labores de los organismos del Poder Judicial, se suma la desconfianza de la población en las autoridades. En la Ciudad de México, el porcentaje de la población que expresa baja confianza en los jueces es superior al promedio nacional (en el orden del 60% según datos de la ENVIPE).
• Ese desconocimiento se acompaña por un menor interés de las personas para solicitar información pública. Las solicitudes de información asociadas a los organismos de justicia representan un porcentaje muy reducido del total (en el orden de 2%). Se hace poco uso de las solicitudes de acceso a información, incluso entre grupos de población informados y con interés potencial por los procesos del Poder. Hay un proceso de capacitación y cambio de costumbres pendiente, que puede comenzar por las escuelas de derecho.
• En la Ciudad de México existe la obligación de publicar las sentencias, pero esta es aún una tarea en proceso. Siete de cada diez solicitudes de información recibidas se asocian con información pública de oficio.
• Se percibe un déficit de capacitación entre los operadores del Poder Judicial responsables de la atención de las obligaciones en materia de transparencia y protección de datos personales. Este problema limita la voluntad de cumplimiento y se traduce, por ejemplo, en dudas sobre cómo generar las versiones públicas de sentencias (se testa información que no es necesario proteger, o se testa sin dar indicio del tipo de información testado y el motivo de su protección, o se publican documentos sin testar datos personales o confidenciales).
• Hay un área de oportunidad importante en el uso del lenguaje ciudadano para la redacción de sentencias. Se emplea extensivamente un lenguaje técnico jurídico, más allá de lo que exige la precisión. Se ha llegado a detectar problemas elementales de redacción, los cuales dificultan la comprensión de textos incluso para especialistas en la materia.
• Las Unidades de Transparencia encuentran frecuentemente dificultades para cumplir sus funciones. Una insuficiente dotación de recursos (humanos, tecnológicos, financieros, procedimientos, flujos de información y comunicación interna, así como capacitación pertinente y constante) merma el servicio que pueden ofrecer a la ciudadanía. Con ello se demeritan los esfuerzos que otras instancias del Poder Judicial realizan por generar y poner a disposición del público información y datos relevantes para dar cuenta de su funcionamiento.

Comunicar y difundir: es abrir

La generación y construcción de ideas para mejorar las instituciones públicas requiere de una vinculación, comunicación y difusión hacia las personas servidoras públicas y titulares de las instituciones. Por ello, el papel de #EspaciosAbiertos es justo ser facilitador de la interacción colectiva. A su vez, y como comunicar y difundir también pueden ser aliadas de la apertura, compartimos las propuestas generadas en EspaciosAbiertos, a través de redes sociales en Facebook, Twitter y y Youtube) , así como de comunicaciones institucionales hacia quienes conducen e integran las instituciones.

Para aspirar a tener una #JusticiaAbierta , se requiere visibilizar la necesidad pública y el estado del arte en que se encuentran las instituciones. En el camino estamos.

Texto original publicado en Animal Político