Primeras reglas de Estado Abierto

El Instituto de Transparencia de la Ciudad de México (InfoCDMX) será el primero en contar con una estructura ad hoc para impulsar la apertura del Estado en los tres poderes, alcaldías e instituciones autónomas.

Ciudad de México, 27 de febrero.- Reconozco que estoy muy contenta –y con la gran responsabilidad– de estar en posibilidad de aportar a la vida pública desde la arena de la autonomía, al haber sido designada comisionada ciudadana del #InfoCdMx el 18 de diciembre de 2018. Y más porque implica desarrollar la agenda de apertura institucional en la que he trabajado por años.

El proyecto sobre Estado Abierto que presenté tanto en enero de 2018 ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como en noviembre ante el Congreso de la Ciudad de México, dará los primeros frutos con la reforma al Reglamento del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCdMx).

De la Constitución al Reglamento
En la capital del país la apertura del Estado es obligatoria. La Constitución Política de la Ciudad de México señala que la apertura debe contribuir a la solución de los problemas públicos (párrafo dos, apartado 1 del artículo 60 constitucional). La apertura debe ser un lenguaje común y práctica cotidiana para cualquier autoridad. Así de simple, con todo lo que ello implica.

La apertura será implementada por el organismo garante de transparencia y acceso a la información de la Ciudad, a través de la estructura que está prevista en la reforma que realizaremos al Reglamento, bajo la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación.

Es un área puntera en México, pues de los 33 institutos autónomos existentes (el nacional y los 32 locales), el InfoCdMx será el primero en contar con una estructura ad hoc para impulsar la apertura del Estado en los tres poderes, alcaldías e instituciones autónomas.

En el contexto de diseño institucional, ningún reglamento de organismos garantes contempla la obligación de garantizar el Estado abierto. Nos dimos a la tarea de revisar sus reglamentos, estructuras y sitios web, y encontramos que:

Nueve institutos de transparencia contemplan el concepto de gobierno abierto en su marco legal y como área: Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa y el INAI.

Once cuentan con micrositios de gobierno abierto: Aguascalientes, Ciudad de México, Chiapas, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Sinaloa, Veracruz y el INAI.

Baja California establece en su marco legal tanto gobierno abierto como parlamento abierto.
Aquí presento gráfico que resume el estado actual de los diseños institucionales de los organismos autónomos respecto a la apertura.

Primeras definiciones
La apertura de las instituciones tiene el objetivo de involucrar a las personas en distintas etapas y procesos del ejercicio público con el fin de promover la vinculación de los poderes del Estado, organismos autónomos con organizaciones civiles y sociales, para generar respuestas a necesidades y problemas públicos.

El concepto de Estado Abierto que se establece en la reforma al Reglamento del InfoCdMx “refiere a un modelo del quehacer institucional mediante una interacción pública que abre, incorpora, transparenta, informa con ética, memoria, oportunidad, exhaustividad, y datos abiertos, así como promueve la participación y colaboración, a la totalidad de los programas, proyectos, procesos, funciones, facultades, actividades, asignaciones de recursos públicos, entre otros, que componen a los tres Poderes del Estado, organismos autónomos, así como distintos entes”.

Adicionalmente, “busca involucrar activamente a las organizaciones de la sociedad civil y sociales, así como de las personas interesadas o intervinientes, en las etapas y procesos del quehacer público, incluso en el diseño de las políticas públicas, en la coproducción de bienes y servicios, y en el seguimiento, control y evaluación de la actuación de los distintos poderes, programas y organismos, además de que aprovecha los avances de las tecnologías de la información para promover la vinculación entre Estado y la ciudadanía, reforzando la idea de un Estado colaborativo”.

El área encargada del InfoCdMx de Estado Abierto se integrará por tres brazos: Parlamento Abierto, Justicia Abierta y Gobierno Abierto. La construcción de la apertura de las instituciones –y de la sociedad misma- habrá de aprovechar la inteligencia pública generada por especialistas, organizaciones, grupos, medios de comunicación, investigadores, academia y cualquier persona que busque o exija solucionar problemas públicos y necesidades concretas.

Con el cierre de febrero de 2019 comienza una nueva etapa en la Ciudad de México con retos monumentales en el ejercicio del servicio público. La coordinación del área y el tema de Estado Abierto está en mi responsabilidad como Comisionada Ciudadana. Los resultados deberán ser muy puntuales y aterrizados; difundiré el trabajo que se desarrolla a través del sitio.

Si con impulsar la apertura de las instituciones del Estado no contribuimos a mejorar la calidad de vida de las personas, no habremos logrado lo importante: construir bienestar público con rendición de cuentas y con elementos de un Estado democrático de Derecho.

Texto original publicado en Animal Político

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¿Hacia una Ciudad Abierta?

Si las leyes modificaran la realidad al momento de entrar en vigor, no sólo México sino el mundo entero, sería muy distinto.

En la Ciudad de México, por ejemplo, la Hacienda Pública cumpliría con los principios constitucionales de sustentabilidad, equidad, efectividad, austeridad, certidumbre, transparencia y rendición de cuentas. Es más, el Artículo 21 de la Constitución local considera (habrá que grabárnoslo): “Ninguna información de carácter público podrá restringirse en su conocimiento a la ciudadanía y deberá cumplir con los parámetros de Gobierno abierto.”

Con el inicio de año y el arranque de administraciones nuevas, existe una vara alta para el cumplimiento de las disposiciones que nos fijamos como Capital del País.

En cuanto a democracia participativa tendremos que observar un cambio visible si consideramos que el Artículo 26 constitucional, refiere que: “Las autoridades de la Ciudad y las alcaldías establecerán procedimientos y formas de Gobierno abierto que garanticen la participación social efectiva, amplia, directa, equitativa, democrática y accesible en el proceso de planeación, elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de planes, programas, políticas y presupuestos públicos, en los términos que establezca la ley”.

Aún más, el mismo Artículo en el numeral 3 señala que: “Los poderes públicos, los organismos autónomos y las alcaldías están obligados a informar, consultar, realizar audiencias públicas deliberativas y rendir cuentas ante las personas y sus comunidades sobre la administración de los recursos y la elaboración de las políticas públicas”.

En breve: la Ciudad de México cuenta con disposiciones para ser Estado abierto, a través de mecanismos de rendición de cuentas, de participación, de fiscalización, de combate a la corrupción, de la difusión de la actividad pública. Por ende, 2019 habrá de ser un parteaguas para cualquier autoridad local. No hay pretextos para no ser una Ciudad Abierta. Es el gran reto.

En ese tenor, el Congreso de la Ciudad “se regirá por los principios de parlamento abierto”, conforme lo señala el Artículo 26 constitucional. Esta disposición es de avanzada, pues es la primera Constitución en el País en establecer la característica de apertura para el funcionamiento del Poder Legislativo.

Podremos comenzar a hablar de la implementación de la apertura, si: 1) mejoramos el entendimiento de lo público para generar participación e incluirla en la toma de decisiones; 2) la rendición de cuentas es real, permanente y existen sanciones por ilegalidad, opacidad y corrupción; 3) se utilizan TIC y herramientas de difusión para comunicar con oportunidad y sencillez, las actividades del Estado y que se enfoquen al servicio y beneficio de la población.

Alcaldías, organismos autónomos, Jefatura de Gobierno, Congreso de la Ciudad y Poder Judicial, habrán de dar cambios concretos en el ejercicio de sus atribuciones y en la democratización de la información que se derive de su trabajo cotidiano.

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Declaración #3de3 MCNP

México cuenta con herramientas legales que buscan combatir la corrupción y las declaraciones de intereses de funcionarios públicos, es una de ellas. Las declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal (conocidas como 3 de 3), fueron impulsadas por iniciativa ciudadana presentada al Congreso de la Unión. Desde entonces, promoví y firmé la iniciativa.

En 2016-2017 en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, en calidad de Coordinadora de Transparencia y Parlamento Abierto, se procesó el cumplimiento de la Ley de Transparencia de la capital del país, haciendo públicas las declaraciones de intereses de los diputados constituyentes.

En coherencia, y ya como Comisionada Ciudadana de Transparencia, hago públicas mis declaraciones patrimonial y de intereses , en los formatos de Transparencia Mexicana-Imco, con los que me registré al proceso de designaciones para comisionadas y comisionados del InfoCdMx que realizó el Congreso de la Ciudad, en noviembre-diciembre de 2018.

Pueden consultarlas y descargarlas en los siguientes enlaces:

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Archivo Histórico Constituyente ¿Indefenso?

Ciudad de México, 4 de diciembre.- Eran casi las 22:00 horas del 31 de enero de 2017 cuando se clausuraron los trabajos de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Se contaba con una Constitución. Pero, ¿estaban completos los archivos legislativos? ¿Quién terminaría la foliación del archivo físico dentro de la clasificación que se elaboró? ¿Estaba garantizada el acceso a la información y la protección de los datos personales? El Congreso de la Ciudad de México y el organismo garante de transparencia local son las instituciones que deben responder por ello.

Reloj no marques las horas

El límite temporal que daba la reforma constitucional federal de la Ciudad de México del 29 de enero de 2016 para aprobar la Constitución, se topó con el reloj. No obstante, el trabajo de continuar con la atención del archivo documental y electrónico, así como de transparencia, acceso a la información y datos personales, quedó en manos del legislativo local.

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¿Hacia un InfoCDMX fuerte y confiable?

Ciudad de México continúa en deuda en materia de transparencia, acceso a la información y en la construcción e integración del sistema local anticorrupción. A once meses de la convocatoria para elegir comisionadas y comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX) y al no haber finalizado el proceso legislativo de dichas designaciones, el primer Congreso de Ciudad de México emitió nueva convocatoria.

En ese contexto, elegí terminar lo que había iniciado a principios de 2018. Me volví a postular como candidata a comisionada ciudadana, con la lectura de que las instituciones públicas requieren conducirse en un estado de derecho, con integridad y apertura. ¿Por qué considero que mi perfil podría contribuir al trabajo de los sistemas de transparencia y de combate a la corrupción de la Ciudad? En este espacio comparto las razones que presenté a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del congreso local, a través de una carta de motivos.

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