Virtualidad legislativa durante la emergencia sanitaria | Nexos

La pandemia de COVID-19 ha puesto a prueba a las instituciones de representación legislativa. ¿Qué reformas y actividades han realizado para que las decisiones cuenten con legalidad? Compartimos algunas experiencias internacionales y lo que ha ocurrido en los congresos locales en México.

Desde que inició la emergencia sanitaria en el país, con la fase dos declarada el 24 de marzo y la fase tres el 21 de abril, la actividad legislativa presencial en legislaturas locales se vio paralizada en nueve casos mientras que en otros nueve se optó por la modalidad virtual para sesionar en pleno y/o en comisiones sin contar con un marco normativo que otorgue legalidad a sus actos y decisiones parlamentarias.

Ilustración: Víctor Solís

Ámbito internacional
En la actual coyuntura de emergencia sanitaria que implica la restricción de derechos para la población, como ocurrió —y continúa— en todo el mundo, la importancia de las funciones parlamentarias destaca frente a tiempos regulares. Los congresos son responsables de proveer y ajustar la normativa que requieren los gobiernos para operar en contextos de crisis, así como establecer los márgenes para su actuación.

También son un foro para la reasignación presupuestal, para la deliberación pública sobre las medidas adoptadas, su justificación e impacto. Son, en distintos diseños constitucionales, el poder que sanciona la validez de un conjunto de actos que restringen derechos de las personas. Y, no menos importante: los legislativos son el espacio de interacción privilegiado mediante el cual la ciudadanía exige cuentas a sus gobernantes sobre sus acciones.

¿Cómo han enfrentado los congresos del mundo esta contingencia? La Unión Interparlamentaria (UIP) ha promovido una encuesta con los congresos que forman parte de la organización para analizar cómo pueden seguir funcionando los parlamentos en tiempos de pandemia. Esa información permite identificar patrones generales y es un material relevante para investigaciones más profundas sobre la respuesta de los congresos ante la contingencia.1

Aunque sigue en desarrollo, los primeros resultados sobre prácticas generales legislativas detectan tres tipos de respuesta:2

1. Los congresos mantienen reuniones físicas, pero con restricciones (menos sesiones de sesiones plenarias o comités; menos congresistas y personal en el edificio).

2. Los congresos mantienen reuniones, pero no presenciales, sino mediante métodos de trabajo remotos. La UIP reporta: “[E]sto plantea una serie de problemas, incluida la base legal para el trabajo remoto, la seguridad y la autenticación. Otro factor es la capacidad del personal parlamentario para poner en práctica nuevas soluciones mientras están sujetos a medidas de distanciamiento social”.

3. Los congresos dejan de reunirse. En algunos casos, por corresponder la contingencia al periodo de receso; en otros casos, este receso se ha adelantado (caso del Parlamento del Reino Unido, luego de haber votado medidas de emergencia). Otros congresos ajustaron sus procedimientos operativos para crear un comité especial que delibere en lugar del pleno (caso de Nueva Zelanda).

Distintos congresos han ajustado sus legislaciones para autorizar las reuniones no presenciales de sus plenos (España y Brasil); en otros casos, el ajuste ha permitido que el trabajo de comisiones también pueda realizarse a distancia (Estonia, Israel y el Reino Unido). Ello implica la enmienda de las reglas para definir la existencia de quorum, o la interpretación de las reglas existentes, para dar cabida a la votación por medios remotos (la UIP destaca la eventual necesidad de revisar las disposiciones de la normativa de Australia, Estonia, Finlandia y Noruega, que tradicionalmente han interpretado el requerimiento presencial como presencia física).3

Los aspectos técnicos del trabajo a distancia para hacer posible la continuidad de las funciones parlamentarias implica definiciones no sólo sobre las plataformas para la comunicación simultánea, deliberación y votación de los congresistas. También se requiere seleccionar plataformas adecuadas para la generación, modificación, resguardo y consulta restringida o pública de los documentos generados como producto de los distintos procesos parlamentarios. En consecuencia, la seguridad informática se convierte en una preocupación adicional a considerar.4

Congresos locales en México
Las reacciones que han tenido los congresos locales del país también corresponden con los patrones que detectó la UIP. No obstante, la actividad de las legislaturas ha mostrado algunas deficiencias de legalidad. Conforme al derecho parlamentario mexicano, las sesiones de los congresos -tanto plenarias, de sistema de comisiones, comités y órganos de gobierno-, son presenciales. Para trabajar de forma virtual, deben realizarse adecuaciones a sus marcos legales y reglamentarios; de ahí la necesidad de revisar si han estado apegados a legalidad.

Al respecto, la organización Visión Legislativa detectó, en su Segundo Reporte Congresos Virtuales y Legalidad en Pandemia de COVID-19, que nueve congresos han tenido algún tipo de actividad virtual sin haber realizado reformas a su marco legal; estos son: la Ciudad de México (sesiones de comisiones y Junta de Coordinación Política), Guerrero (comisiones, comités y Pleno), Hidalgo (comisiones y JUCOPO), Nayarit (Pleno), Oaxaca (comisiones), Puebla (comisiones, JUCOPO y Comisión Permanente), Sinaloa (comisiones, Tlaxcala (Pleno) y Zacatecas (comisiones). De estos, ya hay iniciativas de reforma para establecer la modalidad virtual en los congresos de la Ciudad de México (cinco), Puebla (una) y Oaxaca (una).

En contraste, hasta el 8 de mayo había catorce congresos locales con reformas a su ley orgánica o reglamento interior para regular el funcionamiento y los alcances de las sesiones remotas; estos son: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Michoacán, San Luis Potosí, Sonora y Veracruz.

Adicionalmente, nueve congresos no presentan actividad legislativa virtual ni reformas a sus leyes orgánicas; estos son: Aguascalientes, Campeche, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán. Aunque en Querétaro y Yucatán ya se presentaron iniciativas en materia de sesiones a distancia: dos en el primer congreso y tres en el segundo.

Por su parte, las dos cámaras federales del Congreso de la Unión cuentan con iniciativas para establecer sesiones vía remota. En el Senado, suman tres las iniciativas a su reglamento interno; en dicha cámara se han realizado sesiones de comisiones y de órganos de gobierno de forma virtual, sin que sean para la toma de decisiones. En la Cámara de Diputados hay siete iniciativas, tanto de reforma legal como reglamentaria, en materia de sesiones virtuales. Ni la cámara alta ni la baja han efectuado adecuaciones a su marco normativo.

Ahora bien, tanto la aprobación del presupuesto como su fiscalización, son facultades exclusivas del Poder Legislativo; estas tareas son fundamentales para el equilibrio y los contrapesos del poder público. En este campo, los gobiernos locales han propuesto modificaciones a los presupuestos de egresos del presente año fiscal 2020 para reorientar recursos y hacer frente a la emergencia sanitaria.

Al respecto sobresale el caso del Congreso de Nuevo León, que otorga al gobernador de la entidad la facultad de “realizar las transferencias que se requieran de los conceptos que integran las estructuras presupuestales”. Esto representa una abdicación del congreso local de su facultad presupuestaria, pues, además, la Constitución del Estado de Nuevo León, en su artículo 64, prohíbe de forma explícita que el Legislativo local otorgue facultades extraordinarias al Ejecutivo local.

Si se hace una revisión de las constituciones locales, como señala el jurista Gilberto Nava,5 encontramos que las facultades extraordinarias al Ejecutivo local sólo están previstas en Aguascalientes, Coahuila, Colima, Jalisco, Estado de México, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. Ninguna de éstas, con excepción de Colima, especifica bien los ramos sobre los cuales aplican este tipo de facultades.

Es importante que los congresos locales discutan sobre las implicaciones y alcances de las facultades extraordinarias al Ejecutivo, además de reglamentar la temporalidad de las mismas, dado que es un hecho que en las democracias siempre existirán situaciones de emergencia que las pongan a prueba.

El sistema democrático mexicano deberá, de manera adicional a los cuidados y prevenciones de la atención de la pandemia, supervisar que la actividad continua de sus legislaturas cuente con estricto apego al marco constitucional.

La posibilidad de sesionar y decidir fuera de los parámetros presenciales que marcan las disposiciones constitucionales y parlamentarias debiera rebasar a la propia pandemia. ¿Queremos establecer nuevas reglas para dinamizar el trabajo parlamentario? ¿Qué implicaciones políticas habría para aprobar en remoto, reformas constitucionales, endeudamientos, presupuestos o designaciones?

El riesgo no sólo es que la salud pública esté quebrada, sino que las legislaturas abandonen tanto la legalidad de su actuar como su facultad para fiscalizar el uso de los recursos públicos durante y después del COVID-19. Incluso sería oportuno reflexionar si el apremio por la virtualidad pudiera diluir la esencia de los parlamentos: representar, llevar la voz, reunirse, contrastar y decidir por mayorías.

Actividad de congresos locales en la pandemia de COVID-19

Fuente: Visión Legislativa. Congresos Virtuales y Legalidad en Pandemia de COVID-19, Segundo Reporte, 13 de mayo de 2020. Datos al 8 de mayo. Disponible en https://bit.ly/3bLwdnw. Al 19 de mayo los congresos de Puebla y de la Ciudad de México habían realizado reformas a su normativa para sesionar en remoto.

Agradezco la asistencia de investigación de Juan Pablo Figueroa Manzur, así como la revisión permanente de temas de apertura y legislativos de Saraí Zulema Oviedo Hernández y José Guadalupe Hernández Martínez.

1 Unión Interparlamentaria (UIP), “Country compilation of parliamentary responses to the pandemic”. Se trata de una descripción sucinta de las respuestas generadas por país, que ofrece un panorama en constante actualización. Consultado el 16 de abril de 2020.

2 Unión Interparlamentaria (UIP), “How to run a parliament during a pandemic: Q and A”, actualización al 1 de abril de 2020. Consultado el 16 de abril de 2020.

3 Ibid.

4 Loc. cit.

5 Gilberto Nava Hernández (2020). La justicia local y las facultades extraordinarias de los gobernadores. Blog del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Consultado el 18 de abril 2020.

6 Con una actualización de la información al 19 de mayo, los congresos de Puebla y Ciudad de México reformaron sus leyes orgánicas -y reglamento para el caso del segundo- para establecer las sesiones virtuales.
Texto original publicado en Pacto Federal, NEXOS

 

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Cuarentena en transparencia

Cuarentena en transparencia

Con la interrupción de la normalidad de las actividades sociales con motivo de la pandemia por #COVID-19, se sumaron los días inhábiles y la suspensión de plazos para cumplir con las obligaciones de ley de transparentar información. Los treinta y tres organismos garantes de México aprobaron ampliar el tiempo límite para que los casi 8,500 sujetos obligados actualizaran su información en portales y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Ha habido una especie de cuarentena en la actualización de información de transparencia; lo que implica que las personas no tienen -a un click-, la posibilidad de saber, de conocer, de supervisar las decisiones tomadas en torno a COVID19 -y del resto de temas-. 

Será hasta después del primer semestre que estaremos en posibilidad de conocer la información pública de enero a marzo. Para agosto, observaremos lo que se realizó de abril a junio. La pandemia dispuso ayuno de transparencia por un par de meses. Es aquí donde la transparencia proactiva y apertura son fundamentales.

Mapeo de garantes
Después de una revisión a los portales de institucionales de los Órganos Garantes Locales en materia de acceso a la información y de protección de datos personales (OGL), así como de sus redes sociales oficiales, se encontró que todos aprobaron y publicaron acuerdos de suspensión de plazos, de actividades y para prorrogarlos.
Así, el órgano garante nacional ha publicado distintos acuerdos sobre suspensión de plazos para la atención de solicitudes de información y el periodo de la actualización y carga de la información de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados de la federación. En dichos acuerdos se exhorta transparentar de manera proactiva las acciones durante la emergencia sanitaria, en particular las que estén relacionadas con la pandemia del virus COVID19.
Todos los garantes de México suspendieron plazos, aunque se realizaron con temporalidades distintas. El 82% (27 garantes) acordaron suspender plazos para la atención de solicitudes de información y de protección de datos personales, así como de los procesos de denuncia, recursos de revisión y sanciones hasta el 29, 30 y 31 de mayo del presente. Por su lado, dos garantes acordaron suspender plazos hasta el 18 de mayo, y tres tienen acuerdos que la fecha de suspensión de plazos ya venció. Un OGL suspendió sus plazos hasta el 8 de junio.

De igual forma, se encontró que el 25% de ellos no suspendieron plazos en relación con la atención a solicitudes de información y/o de protección de datos personales que guarden relación con la pandemia COVID19, entre ellos el INAI y el Info CdMx.
Ahora bien, en relación con la ampliación para la carga y actualización de las obligaciones de transparencia, el 72% de los OGLs prorrogaron el plazo para que los sujetos obligados den cumplimiento a estas obligaciones, las fechas van desde el 29 de mayo hasta el 30 de junio.Sin embargo, hay OGLs que han brindado asesorías técnicas especializadas -de manera remota- y así acompañan a sujetos obligados en relación con la carga y actualización de las obligaciones de transparencia, tal es el caso de Info CdMx y del OGL de Tlaxcala.
Prácticamente uno de cada dos garantes cuenta con un micrositio de transparencia proactiva en torno a COVID19, que contiene información útil a las personas para fomentar la calidad de vida, la participación y así, el empoderamiento de la comunidad; no se enuncian los que reportan únicamente información generada por otra institución.

Garantes de transparencia ante COVID19

Las 112 obligaciones Para el caso concreto de la capital del país, ubicamos 112 obligaciones de transparencia (tanto comunes como específicas) en torno a COVID19. Son los casos de información sobre programas sociales, ayudas, estímulos, subsidios y apoyos; así como los padrones de beneficiarios. Ejemplo concreto serían los apoyos que se han ofrecido a microempresas. Otro bloque concentraría lo relacionado a rendición de cuentas y uso, origen y destino de recursos públicos; la actualización de los atlas de riesgos de alcaldías y
jefatura de gobierno.
Aunque cualquiera de los 147 sujetos obligados de la Ciudad de México pudiera tener información en torno a COVID-19, hemos detectado que al menos 40 habrán de reportarla en obligaciones de transparencia, pues sus actividades están relacionadas directa o
indirectamente con la contención de la epidemia derivada del COVID-19, así como de sus efectos en materia sanitaria, económica, laboral, seguridad y asistencia privada.

Estos son: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Salud, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Administración y Finanzas, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación, Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección, Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, Agencia de Protección Sanitaria de la
Ciudad de México, Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, Fideicomiso Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México, Fondo de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México,
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, 16 alcaldías, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Congreso de la Ciudad de México, Fiscalía General de
Justicia, Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la
Ciudad de México.

Transparencia proactiva
Finalmente, aunque ha habido cuarentena respecto a obligaciones de transparencia, hemos mapeado cada semana la información sobre COVID19 que comparten los portales oficiales de los sujetos obligados de la capital. Con corte al 15 de mayo, ubicamos 31 portales de
transparencia proactiva, 38 no reportan ningún tipo de información relacionada con la pandemia. En micrositio del InfoCdMx se actualizan datos y vínculos a los portales, así como infografías, videos y el material que se genere con miras a la utilidad social.
Clasificación por tipo de información sobre COVID19 que publica el SO

*Agradezco la revisión permanente de información sobre apertura, transparencia y acceso a la información de
Irán Sosa, Sonia Quintana, David Martínez, Anabel Mora, Manuel Esparza, Soledad Victoria, Soledad Rodrigo,
Andrea Angelini, Roberto Esxome, David Jiménez, Aldo Trapero, Hecry Colmenares y Zulema Oviedo.

Texto original publicado en Animal Político

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Apertura y anticorrupción en COVID19

“El derecho a la información es esencial para combatir

la pandemia y asegurar una recuperación justa,

ya que permite a los ciudadanos seguir la toma de decisiones (…)

y participar en el debate de manera informada”.

Helen Darbishire,

Directora Ejecutiva de Access Info Europe.

Si alguien nos hubiera preguntado cómo se vería el mundo en el 2020, definitivamente no habríamos sido capaces ni de imaginar ni de describir que un virus nos tendría -al mismo tiempo y a la mayor parte de la población- en una situación de confinamiento, de medidas de sana distancia, y de empezar a hablar de una nueva normalidad. La realidad siempre supera a la ficción.

En el mundo enfrentamos una crisis sanitaria y económica sin precedentes recientes, por lo que nos toca abrir la discusión que conduzca a la construcción de un Estado abierto que busque el empoderamiento de las personas y el desarrollo de comunidades sostenibles y resilientes.

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¿Qué medidas han tomado las personas comisionadas de los Organismos Garantes Locales (OGLs) de transparencia, en torno a COVID-19? ¿Cuál es su rol durante la pandemia para promover apertura, mecanismos de transparencia y acceso a la información? Hicimos una revisión al respecto.

Casi 8,500

A manera de contexto, el pasado 20 de abril el Consejo de la Unión Europea señaló que mantendría los plazos para responder a las solicitudes de acceso a documentos, es decir, han atendido las solicitudes de acceso a información mediante el trabajo a distancia. Indicaron que podrían producirse algunas demoras en la valoración de los documentos clasificados, pero también podía concederse el acceso a esos documentos, según criterios legales y dentro de los mejores plazos posibles.

En México hay 8,419 sujetos obligados a transparentar información pública (7 mil 555 en las entidades federativas, 864 federales). Si consideramos el caso hipotético -aunque terriblemente real- de que cada uno de ellos ha tenido actividades, ha tomado decisiones, ha realizado algún tipo de disposición, contribución o solidaridad en torno a la emergencia de salud por COVID19, tendríamos que observar que casi ocho mil quinientos sitios web del país tendrían que reflejar información en torno a la pandemia. Así el tamaño del reto.

Al revisar los treinta y dos portales de organismos garantes de transparencia locales, encontramos que 71% de los OGLs no tienen un micrositio especializado en transparencia y COVID-19, pero cuentan con información sobre acuerdos, notas y boletines relacionados con el trabajo interno durante la contingencia, o bien, direccionan a las páginas sobre la emergencia sanitaria de los gobiernos estatales. El 26% de los OGLs tienen un micrositio de transparencia y acceso a la información de COVID-19, y finalmente solo un 3% no muestra información relacionada con la pandemia.

Dos casos

Comparto dos casos de organismos garantes con información de interés. Por un lado, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León (COTAI) tiene dos micrositios, uno que concentra toda la información sobre COVID-19 que los sujetos obligados publican. Se encuentra desde información estadística sobre los nuevos casos COVID-19 en el estado, un mapa de Unidades Médicas de Atención en Nuevo León, el vínculo para descargar una app del gobierno de Nuevo León donde se puede recibir alertas y actualizaciones de manera permanente sobre nuevos casos y su localización.

El otro micrositio de la COTAI “Transparencia ante la contingencia” en el cual pone a disposición de los sujetos obligados buenas prácticas para transparentar de manera focalizada, los procesos de contratación ejercidos para dar atención a la propagación del virus COVID-19. Al 23 de abril, se han sumado a la iniciativa cuatro municipios del estado.

Por otro lado, el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ISTAI) difunde a través de su red social de Facebook, las acciones que llevan a cabo los sujetos obligados de Sonora en relación distintas acciones como visibilizar los apoyos sociales a grupos vulnerables en términos de entrega de despensas, limpieza de colonias o viviendas, habilitación o funcionamiento de albergues.

Decálogo de apertura y anticorrupción

Ante situaciones de emergencia, se debe reconocer que la publicación de información precisa, clara, accesible, oportuna y sistematizada es fundamental para la toma de decisiones de las personas, su empoderamiento, y para facilitar la fiscalización y los observatorios sociales del quehacer público.

En este contexto particular, trabajamos de forma colaborativa un Decálogo que marcara los requerimientos de apertura pública en torno a COVID19; contiene recomendaciones para los casi 8,500 sujetos obligados a transparencia de México, a la iniciativa privada y autoridades públicas.

Como parte de la campaña #AperturaEnCOVID19 que activamos en redes sociales para visibilizar la relevancia de los elementos de apertura institucional para salvar vidas y generar confianza en las decisiones públicas, llevamos a cabo dos webinars en los que participarán integrantes de comités de participación ciudadana de sistemas anticorrupción del país, así como organismos garantes de transparencia y sociedad civil.

En estos webinars se presenta el Decálogo de Apertura y Anticorrupción en COVID19, al que daremos seguimiento para valorar su cumplimiento. Ha sido construido en colaboración de presidencias de los comités de participación de sistemas anticorrupción de Sinaloa, Quintana Roo, Jalisco y el Nacional; de TOJIL y #SusanaVigilancia (programa realizado en conjunto con Transparencia Mexicana), y presidencias e integrantes de los garantes de Guanajuato, Jalisco, Sinaloa y Nuevo León. Esta sinergia ha tenido su origen desde #EspaciosAbiertos como parte del desarrollo de @Estado_Abierto desde el InfoCdMx en la capital del país.

Como tantos ejemplos que podamos tener presentes, la relevancia no es el Decálogo en sí, ni la suscripción, sino el seguimiento que se le de a las acciones que deriven de su implementación. Ahí es donde podremos observar si la exigibilidad de la apertura en las acciones durante la pandemia y después de ella, se cotejan con la transparencia real, con la existencia de la información y con la exhaustividad, profundidad y detalle que permita mantener la lupa en el uso de recursos presupuestales y públicos. Sin apertura en torno a COVID19 no será posible combatir la corrupción.

Acá encuentran el Decálogo.

* Agradezco la revisión permanente de información sobre apertura, transparencia y acceso a la información de Zulema Oviedo, Irán Sosa, Hecry Colmenares y José Hernández.

Texto original publicado en Animal Político

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Accesos al agua y a la información frente al COVID-19

A Ricardo Jiménez, Coordinador General de CIMTRA, que dedicó su trabajo a la transparencia y rendición de cuentas. In memorian.

Es un hecho: todas y todos nos podemos contagiar de coronavirus. La pandemia del COVID-19 no ha distinguido en contagios entre personas, comunidades, clases sociales, nacionalidades, y países. Desde casas reales, políticos, deportistas, hasta artistas, personal médico, y en general cualquier persona que no siga las recomendaciones de prevención que dicta la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin embargo, lo que también es cierto es que la pandemia COVID-19 ha visibilizado los problemas sociales del actual modelo de desarrollo. En ese sentido, la situación de emergencia sanitaria afecta más a las personas en situación de vulnerabilidad. Y no me refiero en el acceso a los sistemas de salud pública o privada, sino a algo más básico, a la primera medida de prevención que evita los contagios y que recomienda la OMS: lavarse las manos con agua y jabón.

Contrastes

Abramos el debate entonces, sobre el acceso a los recursos hídricos en la capital del país en medio de la pandemia COVID-19, así como del derecho de acceso a la información. Ambos considerados derechos humanos, no obstante en la Ciudad de México se calcula que un habitante de zona residencial (un 2% de la población) consume alrededor de 567 litros al día, frente a los 128 litros de un residente de las zonas populares (77% de la población), según datos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).1

Es decir, la desigualdad en el acceso al agua en esta ciudad vuelve aún más compleja la estrategia para contener la propagación del coronavirus. En México, 10.5 millones de familias no cuentan con agua potable diariamente en su casa, es decir, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) los habitantes de 1 de cada 3 casas registradas en el país no tienen agua todos los días. Por otro lado, existen personas como las internas del Centro de Reinserción Social Femenil de Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México, y los 54 menores que viven en esas celdas, que durante algunos días de marzo no tuvieron acceso al vital líquido.2

Y como refirió la Organización de las Naciones Unidas hace unos días, la lucha contra la pandemia tiene pocas posibilidades de éxito si la higiene personal (lavarse las manos con agua limpia y jabón), la principal medida para prevenir el contagio, no está al alcance de quienes no tienen acceso a servicios de agua potable”.3 Es aquí donde entra el derecho de acceso a la información, desde su concepción -más tradicional- de derecho llave, hasta su concepción más innovadora como lo es la agenda de Estado Abierto.

Ochenta por día

En la capital del país le corresponde al Sistema de Aguas de la CdMx (SACMEX) la operación del sistema hidráulico, mismo que pierde cerca del 40% de agua en fugas,4 pero también corresponde a las Alcaldías la distribución del recurso hídrico que llega a las personas.

En ese sentido, desde el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la CdMx (INFO CdMx), las y los Comisionados hemos resuelto entre 2019 y hasta el 18 de marzo de 2020 un total de 60 inconformidades de acceso a la información pública, incluyendo una denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia en materia de agua. El 95% de las inconformidades corresponden a SACMEX mientras que el resto a Alcaldías, el 82% de las resoluciones han salido con distintas instrucciones con el fin de favorecer a las personas.

Pero, ¿qué es lo que las personas quieren saber? Principalmente temas de cortes de agua en sus colonias, infraestructura hidráulica y asuntos relacionados con concesiones, autorizaciones, así como permisos que otorguen los sujetos obligados antes citados. En ese sentido, tener información sobre los permisos que otorga la autoridad para construir nuevos desarrollos inmobiliarios resulta fundamental para conocer tanto la factibilidad como la sostenibilidad de la explotación de los recursos hídricos que existen en las diferentes colonias.

De acuerdo con el INEGI, en 2010 había dos millones 453 mil 31 viviendas habitadas en la Ciudad de México, cifra que aumentó a dos millones 601 mil 323 para 2015. Es decir, se construyeron 81 viviendas por día en promedio en los últimos cinco años. El boom inmobiliario y los megadesarrollos comerciales demandan enormes cantidades de agua que genera una profunda desigualdad en el acceso al vital líquido.

Empoderamiento ¿es posible?

Ante emergencias y crisis agudas las carencias se hacen más palpables. Por ello, es impostergable el empoderamiento de las personas, grupos y comunidades con mayores necesidades y vulnerabilidades. A partir de una agenda colaborativa de apertura, basada en inteligencia pública, con perspectiva en derechos humanos, alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, el tema del agua es transversal. El plan estratégico de trabajo de la agenda de Estado Abierto que desarrollamos desde el InfoCdMx en la Capital del país, coloca este énfasis.

El agua conserva los ecosistemas, genera empleo, afecta en el acceso a la educación, tiene que ver con generación de energía, con equidad de género, con la producción de los alimentos, y está directamente relacionada con el derecho a la salud.

 

Texto original publicado en Animal Político

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Por una reconstrucción abierta

Por una reconstrucción abierta

La resiliencia es la capacidad de las personas de adaptarnos positiva y constructivamente a situaciones adversas. A dos años del sismo del #19S en la Ciudad de México ¿qué hemos aportado para construir resiliencia? ¿Tenemos protocolos de actuación, de información ante cualquier tipo de desastre que ocurriera? El reto de transparentar los recursos y la toma de decisiones de los trabajos de la reconstrucción queda corto, si lo comparamos con el reto de generar cultura de prevención y protección civil para salvaguardar la vida propia. Pero ambos son indispensables.

¿Para qué sirve la apertura?

El Estado abierto es tan útil y cotidiano como queramos. Un nivel avanzado de apertura implica difundir, sistematizar información que permita y facilite la consulta, el análisis, la evaluación del quehacer público. Pero, sobre todo, debe mostrar un aprovechamiento social y generar bienestar.

El piso mínimo del Estado abierto consta de cinco elementos:

  1. Transparencia y rendición de cuentas.
  2. Participación y co-creación.
  3. Integridad y prevención de conflicto de intereses.
  4. Lenguaje sencillo, formatos abiertos y accesibles.
  5. Memoria y archivo.

Estos elementos deben existir al mismo tiempo, e interactuar de manera permanente, para que podamos identificar una apertura institucional real. Todas las personas podemos aportar a un Estado abierto, exigir su operación cotidiana, a través de la inteligencia pública.

Por ello, y bajo este tenor, es que realizamos el primer Coloquio por una Reconstrucción Abierta en la Ciudad de México, el pasado 2 de septiembre (pueden consultar toda la información en el micrositio http://infocdmx.org.mx/reconstruccionabiertaCDMX/videos.php). Enfocamos la apremiante necesidad de apertura en torno a tres mesas: 1) el papel de la transparencia y la apertura en el proceso de reconstrucción; 2) hacia una CdMx más abierta, sostenible y resiliente; y 3) reflexiones finales y agenda de reconstrucción para la CdMx.

El objetivo, por ende, es colocar en el debate público si nos estamos haciendo cargo de construir e implementar protocolos de actuación, de información, de prevención y de construir resiliencia en la esfera pública y en la privada. Y por lo expuesto en este primer coloquio, tenemos mucho por hacer y por articularnos.

Un planteamiento que se esbozó en distintas participaciones es si contamos con una especie de “protocolos de transparencia” que brinden información sobre cómo actuar en situaciones de emergencia. Cabe preguntarnos: ¿hay información necesaria o no para reaccionar?, ¿podemos tomar decisiones a partir de lo que hay público?, ¿utilizamos la información que ya es pública?, ¿hay información sistematizada para gestión integral de riesgos?

Se buscan personas expertas…

En la primera mesa estuvieron Miriam Castillo, Periodista en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad; Guillermo Cejudo, Secretario Académico del CIDE; Ixchel Cisneros Soltero, Directora de la iniciativa El día después; Peniley Ramírez, Corresponsal de Univision y el Heraldo de México; y Naxhelli Ruiz Rivera, Investigadora Titular A de Tiempo Completo y Secretaria Académica del Instituto de Geografía de la UNAM. El diagnóstico a dos años del terremoto del #19S fue contundente:

  • Se requiere prácticamente ser un experto para obtener la información. Hay casos en los que la información se obtuvo luego de siete meses y con un costo de $1,500. Las personas damnificadas no encuentran ayuda inmediata en el acceso a la información, la transparencia es ajena a las necesidades inmediatas.
  • Es necesario contar con claridad y previsibilidad para elaborar protocolos de información para casos de emergencia.
  • Una vez detectadas las necesidades de información de la población, debe haber transparencia proactiva, buscar formas simples y herramientas para acercar dicha información a la comunidad.
  • Aprovechar la experiencia de sociedad civil y personas de a pie que se articularon ante la ausencia de la reacción pública.
  • Debe contarse con protocolos de protección de datos personales y de resguardo de archivos.
  • Es inminente el aprovechamiento de la participación comunitaria y construir sistemas de información abierta que permita la planeación.

Prevención pública y privada.

Ahora bien, en la segunda mesa participaron Francisco Aguilar, en representación del Coordinador del Programa de Apoyo a la Reducción de Riesgos de Desastres en México del PNUD; César Arnulfo Cravioto Romero, Comisionado para la Reconstrucción de la CDMX; Carlos Flores Vargas, Director General de Corazón Capital; Ana Lucía Hill, Directora en Yo Soy Protección Civil, La Iniciativa; y Myriam Urzúa Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Entre las principales ideas que se expusieron, fueron:

  • Se requiere el fortalecimiento comunitario para la reducción de desastres en emergencias; así como una corresponsabilidad en la esfera individual, del cuidado y prevención desde casa y con el núcleo familiar e inmediato.
  • Ante la desarticulación condominal, la reconstrucción es más compleja porque no hay cabezas ni responsables únicos de edificios afectados.
  • Es indispensable recordar que hay 23 empresas con instalaciones debajo de la Ciudad de México, por lo que la prevención de riesgos es una tarea crucial. La actualización del atlas de riesgos es una tarea permanente y colaborativa con distintos ámbitos de gobierno (alcaldías y jefatura de gobierno).

La información salva.

En la mesa de cierre participaron Mónica Tapia Álvarez, Directora de Ruta Cívica y Coordinadora de CIUDADanía19S; Oscar Mauricio Guerra Ford, Comisionado del INAI; Juan José Serrano Mendoza, Secretario de la Oficina de la Contraloría General de la Ciudad de México, César Arnulfo Cravioto Romero, Comisionado para la Reconstrucción de la CDMX en representación de la Jefa de Gobierno; Julio Bonilla, Comisionado Presidente del Info CdMx y quien esto escribe, como coordinadora de la agenda de Estado Abierto del mismo órgano garante. Parte de lo expuesto fue que:

  • La información puede implicar la sobrevivencia de una persona; ésta puede dividirse en tres etapas: antes de la emergencia, durante y después.
  • Se requiere dar un seguimiento al uso del dinero público y en caso de desviaciones, mal uso o falta de comprobación, asignar responsabilidades en personas servidoras públicas.
  • No son claras las reglas de operación de los recursos de reconstrucción.
  • Sería muy importante generar concejos de protección civil en distintos niveles, que permitan facilitar la institucionalidad.
  • Puede sumarse al colegio de ingenieros como actores importantes en el proceso de la reconstrucción.
  • No hay inventarios de edificios, inmuebles dañados por el #19S. Falta información sobre el detalle de recursos públicos y privados con los que trabajan los fideicomisos de la reconstrucción.
  • En Contraloría han detectado al menos 23 edificios con irregularidades en la asignación de recursos de la reconstrucción, por lo que corre el procedimiento de verificación y, en su caso, asignación de sanciones.
  • El gran reto en la capital del país es aterrizar estos planteamientos en materia de planeación.

Plan de acciones.

La realidad en el cumplimiento del piso mínimo de obligaciones de transparencia de la información de la reconstrucción respecto del año 2018, se encuentra parcial. En la evaluación vinculante que realizamos en el Info CdMx (facultad que coordino, al igual que Estado Abierto), se observó el 55.7% de cumplimiento, frente el promedio del 66% con el que cuenta la información de los 146 sujetos obligados de la capital.

Hay una gran área de oportunidad para completar la base legal de transparencia. A partir del cumplimiento total de obligaciones de transparencia, se podrá avanzar en transparencia proactiva, en apertura institucional y construcción de resiliencia desde lo público. Los resultados de la #EvaluaciónCdMx 2018 pueden consultarse a detalle, datos abiertos y se encuentran infografías por ámbito de la Ciudad de México, que concentran recomendaciones http://infodf.org.mx/index.php/6133

La aportación de este primer Coloquio por una #ReconstrucciónAbierta es visibilizar las problemáticas enfrentadas a dos años del sismo, para trabajar sobre un plan de acciones que aproveche la inteligencia pública y así proyectar no sólo la apertura de la reconstrucción, sino una ciudad resiliente, con comunidades que prevengan y haya garantía de que la transparencia es socialmente útil y puede contribuir a salvar vidas.

Este plan de acciones por una #ReconstrucciónAbierta deberá privilegiar espacios multisectoriales y multiactores, de tal manera que a partir de mesas interdisciplinarias con sociedad civil, actores sociales, academia, organismos garantes (INAI e InfoCdMx) e instituciones públicas, se podrán trazar los primeros planos de una reconstrucción con apertura. Si no fuera así, no utilizaríamos lo dolorosamente aprendido y documentado en estos dos años, tras el sismo de 2017.

Texto original publicado en Animal Político

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Inteligencia Pública y Justicia Abierta

La Ciudad de México cumple con el 27.5% en opacidad judicial de acuerdo con el reporte de #InJusticiaAbierta que realizó Equis Justicia. Esta cifra revela el grado de apremio que habríamos de imprimir en la apertura del trabajo cotidiano de las instituciones judiciales.

En la Ciudad de México la apertura de las instituciones públicas no sólo es un horizonte al que se debe aspirar o socialmente deseable, sino un principio rector del más alto nivel establecido en el artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad. En ese sentido, la Ciudad de México cuenta con el fundamento jurídico para que la apertura del Estado sea obligatoria y, por lo tanto, exigible.

La Constitución establece que la apertura debe contribuir a la solución de los problemas públicos y debe ser un lenguaje común y una práctica cotidiana para el Ejecutivo, para el Legislativo y para el Judicial, para organismos autónomos y para cualquier autoridad en la Ciudad de México.

Espacios Abiertos

La construcción de la apertura de las instituciones implica aprovechar la inteligencia pública generada por especialistas, organizaciones, servidores públicos, medios de comunicación, investigadores, academia y personas que busquen o exijan solucionar problemas públicos y necesidades concretas.

Es por ello que desde el InfoCdMx implementamos #EspaciosAbiertos como una iniciativa que busca promover la agenda de apertura en la Ciudad de México con un enfoque de derechos, perspectiva de género y una orientación a la resolución de problemas públicos. Para ese fin se realizan mesas de trabajo temáticas en las que se identificarán elementos de buenas prácticas, propuestas, así como retos y oportunidades, con el apoyo de actores de la sociedad civil organizada, academia, analistas y actores comunitarios, para comunicarlas a los actores públicos de la Ciudad de México.

La primera de estas mesas se llevó a cabo el 22 de abril de 2019, se enfocó en la identificación de prioridades en materia de Justicia Abierta. Este concepto alude a un modelo de gestión de la administración e impartición de justicia que informa con rasgos específicos (ética, memoria, oportunidad, exhaustividad y datos abiertos), sobre la totalidad de procesos y actividades (incluyendo sentencias), para alcanzar instituciones judiciales más transparentes, incluyentes, ciudadanas y justas.

Los compromisos de apertura en materia de justicia pueden incluir: hacer que las instituciones de justicia sean más transparentes, accesibles y libres de corrupción, asegurar que todas las personas y comunidades puedan entender, usar y, en última instancia, dar forma a la ley, y hacer cumplir las leyes y normas del Estado Abierto, incluida la lucha contra la corrupción.

Construcción conjunta

Con la participación de Ana Pecova, Directora Ejecutiva de EQUIS Justicia para las Mujeres, y de Laurence Pantin, Coordinadora de Transparencia en la Justicia y Proyectos Especiales de México Evalúa, y la moderación de Melissa Ortiz Massó, consultora de sociedad civil con trabajo en Derechos Humanos y justicia, se realizó una mesa redonda, transmitida por FaceBook Live, para analizar los aspectos que caracterizan el concepto de Justicia Abierta, así como los retos y oportunidades que enfrenta ese proyecto en el marco de la apertura del Estado.

Posteriormente, se llevó a cabo una reunión de trabajo con las mismas participantes, en la que se delinearon los elementos para integrar una agenda mínima de trabajo en materia de Justicia Abierta para la Ciudad de México.

En el marco de ambos eventos, se detectaron buenas prácticas en materia de apertura del funcionamiento del sistema judicial.

  • Se destacó favorablemente que las sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México sean públicas.
  • Se refirió el ejemplo de un tribunal en Buenos Aires, Argentina, en el que uno de sus jueces estableció mesas de análisis con especialistas del sector académico, para comentar y discutir proyectos de sentencias, a fin de fortalecerlos y generar fallos más comprensibles.
  • El Poder Judicial de la Ciudad de México genera información estadística.

Por otra parte, se propuso avanzar con las instituciones del Poder Judicial de la Ciudad de México las siguientes propuestas:

  • Avanzar en la puesta a disposición al público de las sentencias generadas. Garantizar que las plataformas de búsqueda de las sentencias permitan su identificación por llaves que faciliten su aprovechamiento (materia, periodos, palabras clave, etc.). Ofrecer criterios de búsqueda útiles para los usuarios en general, no solo para quienes disponen de los datos de asuntos o casos específicos.
  • Impulsar procesos de formación para sectores clave de la ciudadanía, a fin de generar una masa crítica de usuarios y solicitantes de información del Poder Judicial con las competencias necesarias para su efectivo aprovechamiento.
  • Identificar los elementos relevantes de los procesos de designación de los integrantes del Poder Judicial, para transparentarlos. Publicar estos datos de manera proactiva. Ofrecer evidencia de competencias y perfiles, así como transparentar instrumentos de la designación.
  • Generar indicadores que ilustren de manera efectiva los procesos internos del Poder Judicial, para que se facilite a los usuarios de esta información distinguir los aspectos en los que la responsabilidad sobre un fallo proviene de una instancia ajena al Poder Judicial (procuración de justicia, por ejemplo) y los aspectos en los que están dentro de su competencia.
  • Verificar los formatos empleados para presentar la información de las obligaciones de transparencia. Atender no solo el aspecto formal, sino el aspecto sustantivo por el cual se incluyen en el catálogo de las obligaciones. Es conveniente consultar las mejores prácticas y el tipo de desglose adecuado, en función de solicitudes de información o requerimientos. Ejemplos: información presupuestal, sueldos y prestaciones, auditorías internas y externas.
  • Fortalecer la capacitación para generar sentencias en lenguaje ciudadano, sencillo e incluyente, así como con formatos que permitan identificar con facilidad los aspectos en litigio, los criterios valorados, los derechos ponderados y el sentido del fallo.
  • Fortalecer la capacitación de los operadores judiciales en materia de protección de datos personales, a fin de que puedan instalarse competencias que permitan generar versiones públicas de las sentencias legibles y que no lesionen el derecho a la privacidad.
  • Impulsar la creación e institucionalización de espacios de encuentro e interacción entre operadores judiciales y analistas académicos, analistas externos y de sociedad civil, que permitan: dar visibilidad a criterios que expliquen y contextualicen las sentencias relevantes formuladas. Aprovechar buenas prácticas detectadas y “cajas de herramientas” preparadas previamente por organizaciones formadoras de capacidades en la materia.
  • Promover la adopción y apego al enfoque de derechos humanos en las sentencias que se formulen; obtener criterios para la redacción de sentencias que facilite su comprensión pública; definir y ajustar, en colaboración, criterios y formatos para la publicación de información asociada a obligaciones de transparencia y definir elementos para la atender obligaciones en materia de transparencia proactiva
  • Poner a disposición las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses de jueces, magistrados y ministros, así como colaboradores con funciones sustantivas, en versiones públicas que permitan identificar los datos relevantes.

Al analizar los retos y oportunidades que, en materia de apertura, existen en el funcionamiento actual del sistema de justicia local, hubo consenso en los siguientes temas:

  • El efectivo acceso a la justicia todavía no ha logrado consolidarse como una realidad cotidiana para la ciudadanía.
  • Al desconocimiento de las labores de los organismos del Poder Judicial, se suma la desconfianza de la población en las autoridades. En la Ciudad de México, el porcentaje de la población que expresa baja confianza en los jueces es superior al promedio nacional (en el orden del 60% según datos de la ENVIPE).
  • Ese desconocimiento se acompaña por un menor interés de las personas para solicitar información pública. Las solicitudes de información asociadas a los organismos de justicia representan un porcentaje muy reducido del total (en el orden de 2%). Se hace poco uso de las solicitudes de acceso a información, incluso entre grupos de población informados y con interés potencial por los procesos del Poder. Hay un proceso de capacitación y cambio de costumbres pendiente, que puede comenzar por las escuelas de derecho.
  • En la Ciudad de México existe la obligación de publicar las sentencias, pero esta es aún una tarea en proceso. Siete de cada diez solicitudes de información recibidas se asocian con información pública de oficio.
  • Se percibe un déficit de capacitación entre los operadores del Poder Judicial responsables de la atención de las obligaciones en materia de transparencia y protección de datos personales. Este problema limita la voluntad de cumplimiento y se traduce, por ejemplo, en dudas sobre cómo generar las versiones públicas de sentencias (se testa información que no es necesario proteger, o se testa sin dar indicio del tipo de información testado y el motivo de su protección, o se publican documentos sin testar datos personales o confidenciales).
  • Hay un área de oportunidad importante en el uso del lenguaje ciudadano para la redacción de sentencias. Se emplea extensivamente un lenguaje técnico jurídico, más allá de lo que exige la precisión. Se ha llegado a detectar problemas elementales de redacción, los cuales dificultan la comprensión de textos incluso para especialistas en la materia.
  • Las Unidades de Transparencia encuentran frecuentemente dificultades para cumplir sus funciones. Una insuficiente dotación de recursos (humanos, tecnológicos, financieros, procedimientos, flujos de información y comunicación interna, así como capacitación pertinente y constante) merma el servicio que pueden ofrecer a la ciudadanía. Con ello se demeritan los esfuerzos que otras instancias del Poder Judicial realizan por generar y poner a disposición del público información y datos relevantes para dar cuenta de su funcionamiento.

Comunicar y difundir: es abrir

La generación y construcción de ideas para mejorar las instituciones públicas requiere de una vinculación, comunicación y difusión hacia las personas servidoras públicas y titulares de las instituciones. Por ello, el papel de #EspaciosAbiertos es justo ser facilitador de la interacción colectiva. A su vez, y como comunicar y difundir también pueden ser aliadas de la apertura, compartimos las propuestas generadas en EspaciosAbiertos, a través de redes sociales en Facebook, Twitter y y Youtube) , así como de comunicaciones institucionales hacia quienes conducen e integran las instituciones.

Para aspirar a tener una #JusticiaAbierta , se requiere visibilizar la necesidad pública y el estado del arte en que se encuentran las instituciones. En el camino estamos.

Texto original publicado en Animal Político

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Primeras reglas de Estado Abierto

El Instituto de Transparencia de la Ciudad de México (InfoCDMX) será el primero en contar con una estructura ad hoc para impulsar la apertura del Estado en los tres poderes, alcaldías e instituciones autónomas.

Ciudad de México, 27 de febrero.- Reconozco que estoy muy contenta –y con la gran responsabilidad– de estar en posibilidad de aportar a la vida pública desde la arena de la autonomía, al haber sido designada comisionada ciudadana del #InfoCdMx el 18 de diciembre de 2018. Y más porque implica desarrollar la agenda de apertura institucional en la que he trabajado por años.

El proyecto sobre Estado Abierto que presenté tanto en enero de 2018 ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como en noviembre ante el Congreso de la Ciudad de México, dará los primeros frutos con la reforma al Reglamento del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCdMx).

De la Constitución al Reglamento
En la capital del país la apertura del Estado es obligatoria. La Constitución Política de la Ciudad de México señala que la apertura debe contribuir a la solución de los problemas públicos (párrafo dos, apartado 1 del artículo 60 constitucional). La apertura debe ser un lenguaje común y práctica cotidiana para cualquier autoridad. Así de simple, con todo lo que ello implica.

La apertura será implementada por el organismo garante de transparencia y acceso a la información de la Ciudad, a través de la estructura que está prevista en la reforma que realizaremos al Reglamento, bajo la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación.

Es un área puntera en México, pues de los 33 institutos autónomos existentes (el nacional y los 32 locales), el InfoCdMx será el primero en contar con una estructura ad hoc para impulsar la apertura del Estado en los tres poderes, alcaldías e instituciones autónomas.

En el contexto de diseño institucional, ningún reglamento de organismos garantes contempla la obligación de garantizar el Estado abierto. Nos dimos a la tarea de revisar sus reglamentos, estructuras y sitios web, y encontramos que:

Nueve institutos de transparencia contemplan el concepto de gobierno abierto en su marco legal y como área: Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa y el INAI.

Once cuentan con micrositios de gobierno abierto: Aguascalientes, Ciudad de México, Chiapas, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Sinaloa, Veracruz y el INAI.

Baja California establece en su marco legal tanto gobierno abierto como parlamento abierto.
Aquí presento gráfico que resume el estado actual de los diseños institucionales de los organismos autónomos respecto a la apertura.

Primeras definiciones
La apertura de las instituciones tiene el objetivo de involucrar a las personas en distintas etapas y procesos del ejercicio público con el fin de promover la vinculación de los poderes del Estado, organismos autónomos con organizaciones civiles y sociales, para generar respuestas a necesidades y problemas públicos.

El concepto de Estado Abierto que se establece en la reforma al Reglamento del InfoCdMx “refiere a un modelo del quehacer institucional mediante una interacción pública que abre, incorpora, transparenta, informa con ética, memoria, oportunidad, exhaustividad, y datos abiertos, así como promueve la participación y colaboración, a la totalidad de los programas, proyectos, procesos, funciones, facultades, actividades, asignaciones de recursos públicos, entre otros, que componen a los tres Poderes del Estado, organismos autónomos, así como distintos entes”.

Adicionalmente, “busca involucrar activamente a las organizaciones de la sociedad civil y sociales, así como de las personas interesadas o intervinientes, en las etapas y procesos del quehacer público, incluso en el diseño de las políticas públicas, en la coproducción de bienes y servicios, y en el seguimiento, control y evaluación de la actuación de los distintos poderes, programas y organismos, además de que aprovecha los avances de las tecnologías de la información para promover la vinculación entre Estado y la ciudadanía, reforzando la idea de un Estado colaborativo”.

El área encargada del InfoCdMx de Estado Abierto se integrará por tres brazos: Parlamento Abierto, Justicia Abierta y Gobierno Abierto. La construcción de la apertura de las instituciones –y de la sociedad misma- habrá de aprovechar la inteligencia pública generada por especialistas, organizaciones, grupos, medios de comunicación, investigadores, academia y cualquier persona que busque o exija solucionar problemas públicos y necesidades concretas.

Con el cierre de febrero de 2019 comienza una nueva etapa en la Ciudad de México con retos monumentales en el ejercicio del servicio público. La coordinación del área y el tema de Estado Abierto está en mi responsabilidad como Comisionada Ciudadana. Los resultados deberán ser muy puntuales y aterrizados; difundiré el trabajo que se desarrolla a través del sitio.

Si con impulsar la apertura de las instituciones del Estado no contribuimos a mejorar la calidad de vida de las personas, no habremos logrado lo importante: construir bienestar público con rendición de cuentas y con elementos de un Estado democrático de Derecho.

Texto original publicado en Animal Político

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¿Hacia una Ciudad Abierta?

Si las leyes modificaran la realidad al momento de entrar en vigor, no sólo México sino el mundo entero, sería muy distinto.

En la Ciudad de México, por ejemplo, la Hacienda Pública cumpliría con los principios constitucionales de sustentabilidad, equidad, efectividad, austeridad, certidumbre, transparencia y rendición de cuentas. Es más, el Artículo 21 de la Constitución local considera (habrá que grabárnoslo): “Ninguna información de carácter público podrá restringirse en su conocimiento a la ciudadanía y deberá cumplir con los parámetros de Gobierno abierto.”

Con el inicio de año y el arranque de administraciones nuevas, existe una vara alta para el cumplimiento de las disposiciones que nos fijamos como Capital del País.

En cuanto a democracia participativa tendremos que observar un cambio visible si consideramos que el Artículo 26 constitucional, refiere que: “Las autoridades de la Ciudad y las alcaldías establecerán procedimientos y formas de Gobierno abierto que garanticen la participación social efectiva, amplia, directa, equitativa, democrática y accesible en el proceso de planeación, elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de planes, programas, políticas y presupuestos públicos, en los términos que establezca la ley”.

Aún más, el mismo Artículo en el numeral 3 señala que: “Los poderes públicos, los organismos autónomos y las alcaldías están obligados a informar, consultar, realizar audiencias públicas deliberativas y rendir cuentas ante las personas y sus comunidades sobre la administración de los recursos y la elaboración de las políticas públicas”.

En breve: la Ciudad de México cuenta con disposiciones para ser Estado abierto, a través de mecanismos de rendición de cuentas, de participación, de fiscalización, de combate a la corrupción, de la difusión de la actividad pública. Por ende, 2019 habrá de ser un parteaguas para cualquier autoridad local. No hay pretextos para no ser una Ciudad Abierta. Es el gran reto.

En ese tenor, el Congreso de la Ciudad “se regirá por los principios de parlamento abierto”, conforme lo señala el Artículo 26 constitucional. Esta disposición es de avanzada, pues es la primera Constitución en el País en establecer la característica de apertura para el funcionamiento del Poder Legislativo.

Podremos comenzar a hablar de la implementación de la apertura, si: 1) mejoramos el entendimiento de lo público para generar participación e incluirla en la toma de decisiones; 2) la rendición de cuentas es real, permanente y existen sanciones por ilegalidad, opacidad y corrupción; 3) se utilizan TIC y herramientas de difusión para comunicar con oportunidad y sencillez, las actividades del Estado y que se enfoquen al servicio y beneficio de la población.

Alcaldías, organismos autónomos, Jefatura de Gobierno, Congreso de la Ciudad y Poder Judicial, habrán de dar cambios concretos en el ejercicio de sus atribuciones y en la democratización de la información que se derive de su trabajo cotidiano.

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Declaración #3de3 MCNP

México cuenta con herramientas legales que buscan combatir la corrupción y las declaraciones de intereses de funcionarios públicos, es una de ellas. Las declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal (conocidas como 3 de 3), fueron impulsadas por iniciativa ciudadana presentada al Congreso de la Unión. Desde entonces, promoví y firmé la iniciativa.

En 2016-2017 en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, en calidad de Coordinadora de Transparencia y Parlamento Abierto, se procesó el cumplimiento de la Ley de Transparencia de la capital del país, haciendo públicas las declaraciones de intereses de los diputados constituyentes.

En coherencia, y ya como Comisionada Ciudadana de Transparencia, hago públicas mis declaraciones patrimonial y de intereses , en los formatos de Transparencia Mexicana-Imco, con los que me registré al proceso de designaciones para comisionadas y comisionados del InfoCdMx que realizó el Congreso de la Ciudad, en noviembre-diciembre de 2018.

Pueden consultarlas y descargarlas en los siguientes enlaces:

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Archivo Histórico Constituyente ¿Indefenso?

Ciudad de México, 4 de diciembre.- Eran casi las 22:00 horas del 31 de enero de 2017 cuando se clausuraron los trabajos de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Se contaba con una Constitución. Pero, ¿estaban completos los archivos legislativos? ¿Quién terminaría la foliación del archivo físico dentro de la clasificación que se elaboró? ¿Estaba garantizada el acceso a la información y la protección de los datos personales? El Congreso de la Ciudad de México y el organismo garante de transparencia local son las instituciones que deben responder por ello.

Reloj no marques las horas

El límite temporal que daba la reforma constitucional federal de la Ciudad de México del 29 de enero de 2016 para aprobar la Constitución, se topó con el reloj. No obstante, el trabajo de continuar con la atención del archivo documental y electrónico, así como de transparencia, acceso a la información y datos personales, quedó en manos del legislativo local.

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