Por una reconstrucción abierta

Por una reconstrucción abierta

La resiliencia es la capacidad de las personas de adaptarnos positiva y constructivamente a situaciones adversas. A dos años del sismo del #19S en la Ciudad de México ¿qué hemos aportado para construir resiliencia? ¿Tenemos protocolos de actuación, de información ante cualquier tipo de desastre que ocurriera? El reto de transparentar los recursos y la toma de decisiones de los trabajos de la reconstrucción queda corto, si lo comparamos con el reto de generar cultura de prevención y protección civil para salvaguardar la vida propia. Pero ambos son indispensables.

¿Para qué sirve la apertura?

El Estado abierto es tan útil y cotidiano como queramos. Un nivel avanzado de apertura implica difundir, sistematizar información que permita y facilite la consulta, el análisis, la evaluación del quehacer público. Pero, sobre todo, debe mostrar un aprovechamiento social y generar bienestar.

El piso mínimo del Estado abierto consta de cinco elementos:

  1. Transparencia y rendición de cuentas.
  2. Participación y co-creación.
  3. Integridad y prevención de conflicto de intereses.
  4. Lenguaje sencillo, formatos abiertos y accesibles.
  5. Memoria y archivo.

Estos elementos deben existir al mismo tiempo, e interactuar de manera permanente, para que podamos identificar una apertura institucional real. Todas las personas podemos aportar a un Estado abierto, exigir su operación cotidiana, a través de la inteligencia pública.

Por ello, y bajo este tenor, es que realizamos el primer Coloquio por una Reconstrucción Abierta en la Ciudad de México, el pasado 2 de septiembre (pueden consultar toda la información en el micrositio http://infocdmx.org.mx/reconstruccionabiertaCDMX/videos.php). Enfocamos la apremiante necesidad de apertura en torno a tres mesas: 1) el papel de la transparencia y la apertura en el proceso de reconstrucción; 2) hacia una CdMx más abierta, sostenible y resiliente; y 3) reflexiones finales y agenda de reconstrucción para la CdMx.

El objetivo, por ende, es colocar en el debate público si nos estamos haciendo cargo de construir e implementar protocolos de actuación, de información, de prevención y de construir resiliencia en la esfera pública y en la privada. Y por lo expuesto en este primer coloquio, tenemos mucho por hacer y por articularnos.

Un planteamiento que se esbozó en distintas participaciones es si contamos con una especie de “protocolos de transparencia” que brinden información sobre cómo actuar en situaciones de emergencia. Cabe preguntarnos: ¿hay información necesaria o no para reaccionar?, ¿podemos tomar decisiones a partir de lo que hay público?, ¿utilizamos la información que ya es pública?, ¿hay información sistematizada para gestión integral de riesgos?

Se buscan personas expertas…

En la primera mesa estuvieron Miriam Castillo, Periodista en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad; Guillermo Cejudo, Secretario Académico del CIDE; Ixchel Cisneros Soltero, Directora de la iniciativa El día después; Peniley Ramírez, Corresponsal de Univision y el Heraldo de México; y Naxhelli Ruiz Rivera, Investigadora Titular A de Tiempo Completo y Secretaria Académica del Instituto de Geografía de la UNAM. El diagnóstico a dos años del terremoto del #19S fue contundente:

  • Se requiere prácticamente ser un experto para obtener la información. Hay casos en los que la información se obtuvo luego de siete meses y con un costo de $1,500. Las personas damnificadas no encuentran ayuda inmediata en el acceso a la información, la transparencia es ajena a las necesidades inmediatas.
  • Es necesario contar con claridad y previsibilidad para elaborar protocolos de información para casos de emergencia.
  • Una vez detectadas las necesidades de información de la población, debe haber transparencia proactiva, buscar formas simples y herramientas para acercar dicha información a la comunidad.
  • Aprovechar la experiencia de sociedad civil y personas de a pie que se articularon ante la ausencia de la reacción pública.
  • Debe contarse con protocolos de protección de datos personales y de resguardo de archivos.
  • Es inminente el aprovechamiento de la participación comunitaria y construir sistemas de información abierta que permita la planeación.

Prevención pública y privada.

Ahora bien, en la segunda mesa participaron Francisco Aguilar, en representación del Coordinador del Programa de Apoyo a la Reducción de Riesgos de Desastres en México del PNUD; César Arnulfo Cravioto Romero, Comisionado para la Reconstrucción de la CDMX; Carlos Flores Vargas, Director General de Corazón Capital; Ana Lucía Hill, Directora en Yo Soy Protección Civil, La Iniciativa; y Myriam Urzúa Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Entre las principales ideas que se expusieron, fueron:

  • Se requiere el fortalecimiento comunitario para la reducción de desastres en emergencias; así como una corresponsabilidad en la esfera individual, del cuidado y prevención desde casa y con el núcleo familiar e inmediato.
  • Ante la desarticulación condominal, la reconstrucción es más compleja porque no hay cabezas ni responsables únicos de edificios afectados.
  • Es indispensable recordar que hay 23 empresas con instalaciones debajo de la Ciudad de México, por lo que la prevención de riesgos es una tarea crucial. La actualización del atlas de riesgos es una tarea permanente y colaborativa con distintos ámbitos de gobierno (alcaldías y jefatura de gobierno).

La información salva.

En la mesa de cierre participaron Mónica Tapia Álvarez, Directora de Ruta Cívica y Coordinadora de CIUDADanía19S; Oscar Mauricio Guerra Ford, Comisionado del INAI; Juan José Serrano Mendoza, Secretario de la Oficina de la Contraloría General de la Ciudad de México, César Arnulfo Cravioto Romero, Comisionado para la Reconstrucción de la CDMX en representación de la Jefa de Gobierno; Julio Bonilla, Comisionado Presidente del Info CdMx y quien esto escribe, como coordinadora de la agenda de Estado Abierto del mismo órgano garante. Parte de lo expuesto fue que:

  • La información puede implicar la sobrevivencia de una persona; ésta puede dividirse en tres etapas: antes de la emergencia, durante y después.
  • Se requiere dar un seguimiento al uso del dinero público y en caso de desviaciones, mal uso o falta de comprobación, asignar responsabilidades en personas servidoras públicas.
  • No son claras las reglas de operación de los recursos de reconstrucción.
  • Sería muy importante generar concejos de protección civil en distintos niveles, que permitan facilitar la institucionalidad.
  • Puede sumarse al colegio de ingenieros como actores importantes en el proceso de la reconstrucción.
  • No hay inventarios de edificios, inmuebles dañados por el #19S. Falta información sobre el detalle de recursos públicos y privados con los que trabajan los fideicomisos de la reconstrucción.
  • En Contraloría han detectado al menos 23 edificios con irregularidades en la asignación de recursos de la reconstrucción, por lo que corre el procedimiento de verificación y, en su caso, asignación de sanciones.
  • El gran reto en la capital del país es aterrizar estos planteamientos en materia de planeación.

Plan de acciones.

La realidad en el cumplimiento del piso mínimo de obligaciones de transparencia de la información de la reconstrucción respecto del año 2018, se encuentra parcial. En la evaluación vinculante que realizamos en el Info CdMx (facultad que coordino, al igual que Estado Abierto), se observó el 55.7% de cumplimiento, frente el promedio del 66% con el que cuenta la información de los 146 sujetos obligados de la capital.

Hay una gran área de oportunidad para completar la base legal de transparencia. A partir del cumplimiento total de obligaciones de transparencia, se podrá avanzar en transparencia proactiva, en apertura institucional y construcción de resiliencia desde lo público. Los resultados de la #EvaluaciónCdMx 2018 pueden consultarse a detalle, datos abiertos y se encuentran infografías por ámbito de la Ciudad de México, que concentran recomendaciones http://infodf.org.mx/index.php/6133

La aportación de este primer Coloquio por una #ReconstrucciónAbierta es visibilizar las problemáticas enfrentadas a dos años del sismo, para trabajar sobre un plan de acciones que aproveche la inteligencia pública y así proyectar no sólo la apertura de la reconstrucción, sino una ciudad resiliente, con comunidades que prevengan y haya garantía de que la transparencia es socialmente útil y puede contribuir a salvar vidas.

Este plan de acciones por una #ReconstrucciónAbierta deberá privilegiar espacios multisectoriales y multiactores, de tal manera que a partir de mesas interdisciplinarias con sociedad civil, actores sociales, academia, organismos garantes (INAI e InfoCdMx) e instituciones públicas, se podrán trazar los primeros planos de una reconstrucción con apertura. Si no fuera así, no utilizaríamos lo dolorosamente aprendido y documentado en estos dos años, tras el sismo de 2017.

Texto original publicado en Animal Político

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Inteligencia Pública y Justicia Abierta

La Ciudad de México cumple con el 27.5% en opacidad judicial de acuerdo con el reporte de #InJusticiaAbierta que realizó Equis Justicia. Esta cifra revela el grado de apremio que habríamos de imprimir en la apertura del trabajo cotidiano de las instituciones judiciales.

En la Ciudad de México la apertura de las instituciones públicas no sólo es un horizonte al que se debe aspirar o socialmente deseable, sino un principio rector del más alto nivel establecido en el artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad. En ese sentido, la Ciudad de México cuenta con el fundamento jurídico para que la apertura del Estado sea obligatoria y, por lo tanto, exigible.

La Constitución establece que la apertura debe contribuir a la solución de los problemas públicos y debe ser un lenguaje común y una práctica cotidiana para el Ejecutivo, para el Legislativo y para el Judicial, para organismos autónomos y para cualquier autoridad en la Ciudad de México.

Espacios Abiertos

La construcción de la apertura de las instituciones implica aprovechar la inteligencia pública generada por especialistas, organizaciones, servidores públicos, medios de comunicación, investigadores, academia y personas que busquen o exijan solucionar problemas públicos y necesidades concretas.

Es por ello que desde el InfoCdMx implementamos #EspaciosAbiertos como una iniciativa que busca promover la agenda de apertura en la Ciudad de México con un enfoque de derechos, perspectiva de género y una orientación a la resolución de problemas públicos. Para ese fin se realizan mesas de trabajo temáticas en las que se identificarán elementos de buenas prácticas, propuestas, así como retos y oportunidades, con el apoyo de actores de la sociedad civil organizada, academia, analistas y actores comunitarios, para comunicarlas a los actores públicos de la Ciudad de México.

La primera de estas mesas se llevó a cabo el 22 de abril de 2019, se enfocó en la identificación de prioridades en materia de Justicia Abierta. Este concepto alude a un modelo de gestión de la administración e impartición de justicia que informa con rasgos específicos (ética, memoria, oportunidad, exhaustividad y datos abiertos), sobre la totalidad de procesos y actividades (incluyendo sentencias), para alcanzar instituciones judiciales más transparentes, incluyentes, ciudadanas y justas.

Los compromisos de apertura en materia de justicia pueden incluir: hacer que las instituciones de justicia sean más transparentes, accesibles y libres de corrupción, asegurar que todas las personas y comunidades puedan entender, usar y, en última instancia, dar forma a la ley, y hacer cumplir las leyes y normas del Estado Abierto, incluida la lucha contra la corrupción.

Construcción conjunta

Con la participación de Ana Pecova, Directora Ejecutiva de EQUIS Justicia para las Mujeres, y de Laurence Pantin, Coordinadora de Transparencia en la Justicia y Proyectos Especiales de México Evalúa, y la moderación de Melissa Ortiz Massó, consultora de sociedad civil con trabajo en Derechos Humanos y justicia, se realizó una mesa redonda, transmitida por FaceBook Live, para analizar los aspectos que caracterizan el concepto de Justicia Abierta, así como los retos y oportunidades que enfrenta ese proyecto en el marco de la apertura del Estado.

Posteriormente, se llevó a cabo una reunión de trabajo con las mismas participantes, en la que se delinearon los elementos para integrar una agenda mínima de trabajo en materia de Justicia Abierta para la Ciudad de México.

En el marco de ambos eventos, se detectaron buenas prácticas en materia de apertura del funcionamiento del sistema judicial.

  • Se destacó favorablemente que las sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México sean públicas.
  • Se refirió el ejemplo de un tribunal en Buenos Aires, Argentina, en el que uno de sus jueces estableció mesas de análisis con especialistas del sector académico, para comentar y discutir proyectos de sentencias, a fin de fortalecerlos y generar fallos más comprensibles.
  • El Poder Judicial de la Ciudad de México genera información estadística.

Por otra parte, se propuso avanzar con las instituciones del Poder Judicial de la Ciudad de México las siguientes propuestas:

  • Avanzar en la puesta a disposición al público de las sentencias generadas. Garantizar que las plataformas de búsqueda de las sentencias permitan su identificación por llaves que faciliten su aprovechamiento (materia, periodos, palabras clave, etc.). Ofrecer criterios de búsqueda útiles para los usuarios en general, no solo para quienes disponen de los datos de asuntos o casos específicos.
  • Impulsar procesos de formación para sectores clave de la ciudadanía, a fin de generar una masa crítica de usuarios y solicitantes de información del Poder Judicial con las competencias necesarias para su efectivo aprovechamiento.
  • Identificar los elementos relevantes de los procesos de designación de los integrantes del Poder Judicial, para transparentarlos. Publicar estos datos de manera proactiva. Ofrecer evidencia de competencias y perfiles, así como transparentar instrumentos de la designación.
  • Generar indicadores que ilustren de manera efectiva los procesos internos del Poder Judicial, para que se facilite a los usuarios de esta información distinguir los aspectos en los que la responsabilidad sobre un fallo proviene de una instancia ajena al Poder Judicial (procuración de justicia, por ejemplo) y los aspectos en los que están dentro de su competencia.
  • Verificar los formatos empleados para presentar la información de las obligaciones de transparencia. Atender no solo el aspecto formal, sino el aspecto sustantivo por el cual se incluyen en el catálogo de las obligaciones. Es conveniente consultar las mejores prácticas y el tipo de desglose adecuado, en función de solicitudes de información o requerimientos. Ejemplos: información presupuestal, sueldos y prestaciones, auditorías internas y externas.
  • Fortalecer la capacitación para generar sentencias en lenguaje ciudadano, sencillo e incluyente, así como con formatos que permitan identificar con facilidad los aspectos en litigio, los criterios valorados, los derechos ponderados y el sentido del fallo.
  • Fortalecer la capacitación de los operadores judiciales en materia de protección de datos personales, a fin de que puedan instalarse competencias que permitan generar versiones públicas de las sentencias legibles y que no lesionen el derecho a la privacidad.
  • Impulsar la creación e institucionalización de espacios de encuentro e interacción entre operadores judiciales y analistas académicos, analistas externos y de sociedad civil, que permitan: dar visibilidad a criterios que expliquen y contextualicen las sentencias relevantes formuladas. Aprovechar buenas prácticas detectadas y “cajas de herramientas” preparadas previamente por organizaciones formadoras de capacidades en la materia.
  • Promover la adopción y apego al enfoque de derechos humanos en las sentencias que se formulen; obtener criterios para la redacción de sentencias que facilite su comprensión pública; definir y ajustar, en colaboración, criterios y formatos para la publicación de información asociada a obligaciones de transparencia y definir elementos para la atender obligaciones en materia de transparencia proactiva
  • Poner a disposición las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses de jueces, magistrados y ministros, así como colaboradores con funciones sustantivas, en versiones públicas que permitan identificar los datos relevantes.

Al analizar los retos y oportunidades que, en materia de apertura, existen en el funcionamiento actual del sistema de justicia local, hubo consenso en los siguientes temas:

  • El efectivo acceso a la justicia todavía no ha logrado consolidarse como una realidad cotidiana para la ciudadanía.
  • Al desconocimiento de las labores de los organismos del Poder Judicial, se suma la desconfianza de la población en las autoridades. En la Ciudad de México, el porcentaje de la población que expresa baja confianza en los jueces es superior al promedio nacional (en el orden del 60% según datos de la ENVIPE).
  • Ese desconocimiento se acompaña por un menor interés de las personas para solicitar información pública. Las solicitudes de información asociadas a los organismos de justicia representan un porcentaje muy reducido del total (en el orden de 2%). Se hace poco uso de las solicitudes de acceso a información, incluso entre grupos de población informados y con interés potencial por los procesos del Poder. Hay un proceso de capacitación y cambio de costumbres pendiente, que puede comenzar por las escuelas de derecho.
  • En la Ciudad de México existe la obligación de publicar las sentencias, pero esta es aún una tarea en proceso. Siete de cada diez solicitudes de información recibidas se asocian con información pública de oficio.
  • Se percibe un déficit de capacitación entre los operadores del Poder Judicial responsables de la atención de las obligaciones en materia de transparencia y protección de datos personales. Este problema limita la voluntad de cumplimiento y se traduce, por ejemplo, en dudas sobre cómo generar las versiones públicas de sentencias (se testa información que no es necesario proteger, o se testa sin dar indicio del tipo de información testado y el motivo de su protección, o se publican documentos sin testar datos personales o confidenciales).
  • Hay un área de oportunidad importante en el uso del lenguaje ciudadano para la redacción de sentencias. Se emplea extensivamente un lenguaje técnico jurídico, más allá de lo que exige la precisión. Se ha llegado a detectar problemas elementales de redacción, los cuales dificultan la comprensión de textos incluso para especialistas en la materia.
  • Las Unidades de Transparencia encuentran frecuentemente dificultades para cumplir sus funciones. Una insuficiente dotación de recursos (humanos, tecnológicos, financieros, procedimientos, flujos de información y comunicación interna, así como capacitación pertinente y constante) merma el servicio que pueden ofrecer a la ciudadanía. Con ello se demeritan los esfuerzos que otras instancias del Poder Judicial realizan por generar y poner a disposición del público información y datos relevantes para dar cuenta de su funcionamiento.

Comunicar y difundir: es abrir

La generación y construcción de ideas para mejorar las instituciones públicas requiere de una vinculación, comunicación y difusión hacia las personas servidoras públicas y titulares de las instituciones. Por ello, el papel de #EspaciosAbiertos es justo ser facilitador de la interacción colectiva. A su vez, y como comunicar y difundir también pueden ser aliadas de la apertura, compartimos las propuestas generadas en EspaciosAbiertos, a través de redes sociales en Facebook, Twitter y y Youtube) , así como de comunicaciones institucionales hacia quienes conducen e integran las instituciones.

Para aspirar a tener una #JusticiaAbierta , se requiere visibilizar la necesidad pública y el estado del arte en que se encuentran las instituciones. En el camino estamos.

Texto original publicado en Animal Político

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Primeras reglas de Estado Abierto

El Instituto de Transparencia de la Ciudad de México (InfoCDMX) será el primero en contar con una estructura ad hoc para impulsar la apertura del Estado en los tres poderes, alcaldías e instituciones autónomas.

Ciudad de México, 27 de febrero.- Reconozco que estoy muy contenta –y con la gran responsabilidad– de estar en posibilidad de aportar a la vida pública desde la arena de la autonomía, al haber sido designada comisionada ciudadana del #InfoCdMx el 18 de diciembre de 2018. Y más porque implica desarrollar la agenda de apertura institucional en la que he trabajado por años.

El proyecto sobre Estado Abierto que presenté tanto en enero de 2018 ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como en noviembre ante el Congreso de la Ciudad de México, dará los primeros frutos con la reforma al Reglamento del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCdMx).

De la Constitución al Reglamento
En la capital del país la apertura del Estado es obligatoria. La Constitución Política de la Ciudad de México señala que la apertura debe contribuir a la solución de los problemas públicos (párrafo dos, apartado 1 del artículo 60 constitucional). La apertura debe ser un lenguaje común y práctica cotidiana para cualquier autoridad. Así de simple, con todo lo que ello implica.

La apertura será implementada por el organismo garante de transparencia y acceso a la información de la Ciudad, a través de la estructura que está prevista en la reforma que realizaremos al Reglamento, bajo la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación.

Es un área puntera en México, pues de los 33 institutos autónomos existentes (el nacional y los 32 locales), el InfoCdMx será el primero en contar con una estructura ad hoc para impulsar la apertura del Estado en los tres poderes, alcaldías e instituciones autónomas.

En el contexto de diseño institucional, ningún reglamento de organismos garantes contempla la obligación de garantizar el Estado abierto. Nos dimos a la tarea de revisar sus reglamentos, estructuras y sitios web, y encontramos que:

Nueve institutos de transparencia contemplan el concepto de gobierno abierto en su marco legal y como área: Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa y el INAI.

Once cuentan con micrositios de gobierno abierto: Aguascalientes, Ciudad de México, Chiapas, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Sinaloa, Veracruz y el INAI.

Baja California establece en su marco legal tanto gobierno abierto como parlamento abierto.
Aquí presento gráfico que resume el estado actual de los diseños institucionales de los organismos autónomos respecto a la apertura.

Primeras definiciones
La apertura de las instituciones tiene el objetivo de involucrar a las personas en distintas etapas y procesos del ejercicio público con el fin de promover la vinculación de los poderes del Estado, organismos autónomos con organizaciones civiles y sociales, para generar respuestas a necesidades y problemas públicos.

El concepto de Estado Abierto que se establece en la reforma al Reglamento del InfoCdMx “refiere a un modelo del quehacer institucional mediante una interacción pública que abre, incorpora, transparenta, informa con ética, memoria, oportunidad, exhaustividad, y datos abiertos, así como promueve la participación y colaboración, a la totalidad de los programas, proyectos, procesos, funciones, facultades, actividades, asignaciones de recursos públicos, entre otros, que componen a los tres Poderes del Estado, organismos autónomos, así como distintos entes”.

Adicionalmente, “busca involucrar activamente a las organizaciones de la sociedad civil y sociales, así como de las personas interesadas o intervinientes, en las etapas y procesos del quehacer público, incluso en el diseño de las políticas públicas, en la coproducción de bienes y servicios, y en el seguimiento, control y evaluación de la actuación de los distintos poderes, programas y organismos, además de que aprovecha los avances de las tecnologías de la información para promover la vinculación entre Estado y la ciudadanía, reforzando la idea de un Estado colaborativo”.

El área encargada del InfoCdMx de Estado Abierto se integrará por tres brazos: Parlamento Abierto, Justicia Abierta y Gobierno Abierto. La construcción de la apertura de las instituciones –y de la sociedad misma- habrá de aprovechar la inteligencia pública generada por especialistas, organizaciones, grupos, medios de comunicación, investigadores, academia y cualquier persona que busque o exija solucionar problemas públicos y necesidades concretas.

Con el cierre de febrero de 2019 comienza una nueva etapa en la Ciudad de México con retos monumentales en el ejercicio del servicio público. La coordinación del área y el tema de Estado Abierto está en mi responsabilidad como Comisionada Ciudadana. Los resultados deberán ser muy puntuales y aterrizados; difundiré el trabajo que se desarrolla a través del sitio.

Si con impulsar la apertura de las instituciones del Estado no contribuimos a mejorar la calidad de vida de las personas, no habremos logrado lo importante: construir bienestar público con rendición de cuentas y con elementos de un Estado democrático de Derecho.

Texto original publicado en Animal Político

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¿Hacia una Ciudad Abierta?

Si las leyes modificaran la realidad al momento de entrar en vigor, no sólo México sino el mundo entero, sería muy distinto.

En la Ciudad de México, por ejemplo, la Hacienda Pública cumpliría con los principios constitucionales de sustentabilidad, equidad, efectividad, austeridad, certidumbre, transparencia y rendición de cuentas. Es más, el Artículo 21 de la Constitución local considera (habrá que grabárnoslo): “Ninguna información de carácter público podrá restringirse en su conocimiento a la ciudadanía y deberá cumplir con los parámetros de Gobierno abierto.”

Con el inicio de año y el arranque de administraciones nuevas, existe una vara alta para el cumplimiento de las disposiciones que nos fijamos como Capital del País.

En cuanto a democracia participativa tendremos que observar un cambio visible si consideramos que el Artículo 26 constitucional, refiere que: “Las autoridades de la Ciudad y las alcaldías establecerán procedimientos y formas de Gobierno abierto que garanticen la participación social efectiva, amplia, directa, equitativa, democrática y accesible en el proceso de planeación, elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de planes, programas, políticas y presupuestos públicos, en los términos que establezca la ley”.

Aún más, el mismo Artículo en el numeral 3 señala que: “Los poderes públicos, los organismos autónomos y las alcaldías están obligados a informar, consultar, realizar audiencias públicas deliberativas y rendir cuentas ante las personas y sus comunidades sobre la administración de los recursos y la elaboración de las políticas públicas”.

En breve: la Ciudad de México cuenta con disposiciones para ser Estado abierto, a través de mecanismos de rendición de cuentas, de participación, de fiscalización, de combate a la corrupción, de la difusión de la actividad pública. Por ende, 2019 habrá de ser un parteaguas para cualquier autoridad local. No hay pretextos para no ser una Ciudad Abierta. Es el gran reto.

En ese tenor, el Congreso de la Ciudad “se regirá por los principios de parlamento abierto”, conforme lo señala el Artículo 26 constitucional. Esta disposición es de avanzada, pues es la primera Constitución en el País en establecer la característica de apertura para el funcionamiento del Poder Legislativo.

Podremos comenzar a hablar de la implementación de la apertura, si: 1) mejoramos el entendimiento de lo público para generar participación e incluirla en la toma de decisiones; 2) la rendición de cuentas es real, permanente y existen sanciones por ilegalidad, opacidad y corrupción; 3) se utilizan TIC y herramientas de difusión para comunicar con oportunidad y sencillez, las actividades del Estado y que se enfoquen al servicio y beneficio de la población.

Alcaldías, organismos autónomos, Jefatura de Gobierno, Congreso de la Ciudad y Poder Judicial, habrán de dar cambios concretos en el ejercicio de sus atribuciones y en la democratización de la información que se derive de su trabajo cotidiano.

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Declaración #3de3 MCNP

México cuenta con herramientas legales que buscan combatir la corrupción y las declaraciones de intereses de funcionarios públicos, es una de ellas. Las declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal (conocidas como 3 de 3), fueron impulsadas por iniciativa ciudadana presentada al Congreso de la Unión. Desde entonces, promoví y firmé la iniciativa.

En 2016-2017 en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, en calidad de Coordinadora de Transparencia y Parlamento Abierto, se procesó el cumplimiento de la Ley de Transparencia de la capital del país, haciendo públicas las declaraciones de intereses de los diputados constituyentes.

En coherencia, y ya como Comisionada Ciudadana de Transparencia, hago públicas mis declaraciones patrimonial y de intereses , en los formatos de Transparencia Mexicana-Imco, con los que me registré al proceso de designaciones para comisionadas y comisionados del InfoCdMx que realizó el Congreso de la Ciudad, en noviembre-diciembre de 2018.

Pueden consultarlas y descargarlas en los siguientes enlaces:

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Archivo Histórico Constituyente ¿Indefenso?

Ciudad de México, 4 de diciembre.- Eran casi las 22:00 horas del 31 de enero de 2017 cuando se clausuraron los trabajos de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Se contaba con una Constitución. Pero, ¿estaban completos los archivos legislativos? ¿Quién terminaría la foliación del archivo físico dentro de la clasificación que se elaboró? ¿Estaba garantizada el acceso a la información y la protección de los datos personales? El Congreso de la Ciudad de México y el organismo garante de transparencia local son las instituciones que deben responder por ello.

Reloj no marques las horas

El límite temporal que daba la reforma constitucional federal de la Ciudad de México del 29 de enero de 2016 para aprobar la Constitución, se topó con el reloj. No obstante, el trabajo de continuar con la atención del archivo documental y electrónico, así como de transparencia, acceso a la información y datos personales, quedó en manos del legislativo local.

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¿Hacia un InfoCDMX fuerte y confiable?

Ciudad de México continúa en deuda en materia de transparencia, acceso a la información y en la construcción e integración del sistema local anticorrupción. A once meses de la convocatoria para elegir comisionadas y comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX) y al no haber finalizado el proceso legislativo de dichas designaciones, el primer Congreso de Ciudad de México emitió nueva convocatoria.

En ese contexto, elegí terminar lo que había iniciado a principios de 2018. Me volví a postular como candidata a comisionada ciudadana, con la lectura de que las instituciones públicas requieren conducirse en un estado de derecho, con integridad y apertura. ¿Por qué considero que mi perfil podría contribuir al trabajo de los sistemas de transparencia y de combate a la corrupción de la Ciudad? En este espacio comparto las razones que presenté a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del congreso local, a través de una carta de motivos.

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